La vocación debe ser uno de los requisitos primordiales para ejercer la docencia, pero para la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) esa condición es irrelevante.

Ningún maestro de vocación se prestaría a privar un estudiante de la docencia para participar en protestas con más claros intereses políticos que propiamente gremiales.

Pero el sindicato se ha convertido en un seguro para esos profesores que ingresan al magisterio sin vocación y sin cumplir con los requisitos esenciales para ejercer un sacerdocio como el de la educación.

Con la indecisión de las autoridades para aplicar la ley que consagra el carácter obligatorio de la enseñanza, el gremio y los malos maestros se permiten interrumpir la docencia por cualquier levedad. Si se ejerciera la autoridad el relajo de las huelgas, como acaba de ocurrir en Santiago, Navarrete y Mao, entre otras localidades, hace tiempo que hubiera terminado.

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El derecho a la protesta no puede confundirse con atentar contra la Constitución y las leyes. Además del atraso que representa para el desarrollo cognitivo de los estudiantes y de la sociedad, las huelgas tienen una pérdida para el Estado, que según Educa, supera los 760 millones de pesos diarios.

En la evaluación por desempeño que anunció el Ministerio de Educación debería tomarse en cuenta la vocación de esos maestros que son tan propensos a interrumpir la docencia en lugar de dialogar sobre los problemas que afronta el sistema educativo en un país como el nuestro.