Pasa por la cabeza de alguien considerar atinado que el presidente Luis Abinader haya impuesto una Junta Central Electoral sin consenso con los partidos políticos, cuyos procesos internos esa entidad ha de arbitrar además de organizar elecciones municipales, congresuales y presidenciales que deben resultar confiables para todos?.

¿Es al presidente de turno y a las fuerzas que él decida privilegiar a las únicos que les corresponde estar satisfechos con el arbitraje electoral? ¿Es democrático que se escoja una JCE expresamente adversa al principal partido opositor?.

Eso no fue lo que ocurrió cuando se escogió la Junta Central Electoral saliente. Su presidente Julio César Castaños Guzmán fue producto de un consenso entre todas las fuerzas políticas, y los miembros que le acompañan fueron seleccionados de manera equilibrada, de modo que nadie pudo alegar que se inclinaban hacia una fuerza específica, o que habían desarrollado rivalidades que afectaran su imparcialidad.

El presidente Abinader había pregonado que propiciaría una Junta Central Electoral independiente, pero la que impuso, arrodillando a la propia mayoría senatorial de su partido, que tenía otras preferencias, de lo único que es independiente es del Partido de la Liberación Dominicana.

Se entendía que uno de los mayores avances de los procesos electorales dominicanos, fueron las leyes de Régimen Electoral y de Partidos, que debieron regir los últimos procesos electorales, controlando el tranfuguismo, fortaleciendo la democracia interna de los partidos y llevando mayor transparencia a los financiamientos, pero desde el Tribunal Superior Electoral, Román Jáquez se encargó de que la aplicación de esas disposiciones no tuvieran ningún efecto, para favorecer al doctor Leonel Fernández y a seguidores que no podían ser candidatos de otros partidos después de haber participado en las primarias del PLD.

Es el favor que ahora se le devuelve al designarlo presidente de la Junta Central Electoral que también tiene pendiente decidir si con un 4.5% de los votos, Fuerza del Pueblo puede ser declarado partido mayoritario, lo que le conferiría ingresos económicos similares a los que recibirán el PRM y el PLD. Es el mismo compromiso que propició otras escogencias, amén de las posiciones contrarias al PLD que se les conocen a la mayoría.

Lo del pacto que parió la nueva JCE es tan evidente, que en su columna AM, la directora del Diario Libre formula estas preguntas:

“¿Es la Fuerza del Pueblo el acompañante que necesita el PRM? ¿Es más “independiente” Jáquez que Olivares? ¿Cuál es el precio? En un año como el que se avecina, las alianzas van a cobrarse caras y la Fuerza del Pueblo no parece tener muchos escrúpulos ni remilgos a la hora de pedir”.

También lo alude Eddy Olivares: “Me preocupa como dirigente y ciudadano, que rodara por el suelo, a causa de un incorrecto compromiso, la promesa del Partido Revolucionario Moderno y del presidente de la República de gobernar con el más estricto apego a la institucionalidad democrática”.

Por. Julio Martínez Pozo

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