El acuerdo se fundamenta en el numeral 6 del artículo 370 del Código Procesal Penal, que permite aplicar el criterio de oportunidad en casos complejos, cuando el imputado colabora eficazmente con la justicia.
SANTO DOMINGO, RD. – El Ministerio Público informó que alcanzó un acuerdo judicial con Maxy Gerardo Montilla Sierra —cuñado del expresidente Danilo Medina— y un grupo de sus empresas, mediante el cual reconocen su responsabilidad penal en un esquema de corrupción en el sector eléctrico, y se comprometen a devolver más de RD$3,000 millones al Estado dominicano.
El acuerdo fue homologado por el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, a solicitud de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), bajo la figura del criterio de oportunidad, prevista en el artículo 370, numeral 6, del Código Procesal Penal.
Devolución millonaria al Estado
Según el convenio, Montilla se compromete a:
- Entregar RD$2,000 millones en efectivo al Estado como devolución directa de fondos desviados.
- Pagar RD$600 millones a las distribuidoras de electricidad EdeEste, EdeSur y EdeNorte, como indemnización por los daños provocados.
- Abonar RD$431.8 millones a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) en concepto de obligaciones fiscales.
- Ceder un inmueble ubicado en la Avenida Roberto Pastoriza, Ensanche Naco, de 200.18 metros cuadrados, valorado en RD$50.9 millones.
Disolución de empresas involucradas
El pacto incluye también la disolución, en un plazo de dos años, de 11 empresas vinculadas a Montilla y señaladas por obtener contratos de manera fraudulenta en el sector eléctrico. Entre ellas se encuentran:
- Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S.
- Electrocable Aluconsa, S.A.S.
- NSD Importaciones Diversas, SRL
- Distribuidora de Materiales Eléctricos FEE, SRL
- Importadora Eaglerise, SRL
- Watmax Lighting, SRL
- TLC Negocios Globales, SRL
- Herrajes Eléctricos RPC, SRL
- MG Solomon Corporation
- Entre otras.
Corrupción en contrataciones públicas
De acuerdo con el Ministerio Público, Maxy Montilla utilizó sus empresas como fachadas para participar en procesos de contratación pública con acceso privilegiado, incurriendo en prácticas de monopolio de proveedores, estafa, manipulación de contratos y plazos de entrega.
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El expediente judicial también documenta pagos de sobornos a funcionarios públicos para facilitar adjudicaciones, modificar contratos de forma irregular y agilizar desembolsos.
“Los sobornos fueron fundamentales para manipular los procesos de contratación y asegurar la adjudicación de contratos”, señala el comunicado oficial del Ministerio Público.
Criterio de oportunidad y colaboración con la justicia
El acuerdo se sustenta en el criterio de oportunidad, mecanismo legal que permite suspender la acción penal cuando el imputado colabora eficazmente con la investigación, aporta información relevante, y contribuye al esclarecimiento de los hechos.
“Esta decisión refuerza los avances del Ministerio Público en su lucha contra la corrupción administrativa y la impunidad”, afirmaron Wilson Camacho, director de Persecución, y Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la PEPCA.
Representación legal
Las empresas distribuidoras de electricidad fueron representadas por Celso Marranzini, presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras (CUE), y asistidas legalmente por los abogados Miguel Valerio, Ramón Emilio Núñez y José Figueroa Guilamo.
La defensa técnica de Maxy Montilla y sus empresas estuvo a cargo de los juristas Joaquín Antonio Zapata Martínez y Edward Veras Vargas.
El Nacional
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