Este país ya me está llevando al límite de la tolerancia. Supongo que al igual que todo el mundo aquí, hay más de mil razones para ello. Pero este artículo no ha sido provocado ni por los incesantes apagones, ni por el maltrato a los bolsillos, ni por los ridículos funcionarios que tenemos como representantes, ni cosas por el estilo. Personalmente, ya estoy harto del abierto pisoteo que diariamente sufre la ciudadanía.

El Estado funge como gran Godzilla y los dominicanos hacemos el papel de miles de japoneses tratando de escapar del monstruo mítico que busca aplastarnos. No hay mejor descripción.

Empezamos por la retención de licencias para cobrar multas, luego la incautación de vehículos por no tener la placa, seguimos con la imposición de los horarios a los sitios de recreación, y hoy ya vamos por la suspensión arbitraria de los permisos para porte de armas y la toma de los datos biométricos de toda la población so pena de privárseles sus derechos civiles fundamentales tanto de seres humanos como de ciudadanos.

Todas esas medidas han sido justificadas e incluso defendidas al extremo por autoridades y voceros de la opinión pública. Los rayazos se han tornado cada vez más voraces y draconianos, mientras se vende la idea de que el pueblo le está pasando la vaselina al Estado con una sonrisa.

Si bien, y contrario a otros países, el porte de armas de fuego no es un derecho en nuestro país, sino un privilegio; la suspensión medalaganaria e injustificada del permiso por capricho de un Secretario de Estado, sienta un horrible precedente sobre el manejo del Estado con las licencias y permisos que expide (cobrando impuestos por ello dicho sea de paso), que sin duda va a salpicar a otros ámbitos, como el comercio. Y todos, incluso inversionistas extranjeros van tomando nota. Esto sin incluir las posibles consecuencias de una población civil desprotegida en pleno diciembre.

Adicionalmente, la semana pasada la JCE volvió a insistir con la obligatoriedad de la entrega a ella de nuestros datos biométricos, y además advirtió que de no obtemperar, algunas instituciones se negarían a pagar a sus empleados (violación al Código de Trabajo), no se podría obtener permisos para porte y tenencia de armas, y se imposibilitaría el acceso a servicios bancarios (violación a la Constitución). Lo más desconcertante es ver a nuestra Suprema Corte de Justicia, que debería velar por los derechos, secundando la medida y amenazando con no pagar a sus empleados que no entreguen sus muy personales datos biométricos.

La JCE no ha explicado el uso que dará a éstos, salvo vagas excusas de unificar el registro de actas y evitar la duplicación de cédulas, error ocasionado más por el manejo interno que por los datos que tienen o no tienen de los ciudadanos.

Y, francamente, ya me estoy hartando. No he entrado al tema impositivo, económico, social, cultural y otros de entre miles por los cuales vivir en este país resulta cada vez más difícil e incómodo, sin ninguna señal de mejoras al largo plazo.

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