Medio Ambiente ha otorgado miles de permisos, muchos de los cuales generan dudas colectiva.
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) advirtió que la autorización sin control de 6,500 permisos ambientales, través del Ministerio de Medio Ambiente, pone en riesgo la protección de ecosistemas estratégicos y debilita el rol de la institucionalidad vinculada al sector.
“Recientemente, las autoridades anunciaron el procesamiento de más de 6,500 autorizaciones ambientales, promovidas como un indicador de eficiencia administrativa; sin embargo, en materia ambiental, la eficiencia no puede medirse por la cantidad de permisos emitidos”, expuso la organización.
Según la organización opositora, el propósito del sistema de evaluación ambiental establecido por la Ley 64-00 es garantizar que los proyectos de desarrollo se realicen dentro de límites ecológicos sostenibles, mediante evaluaciones rigurosas, fiscalización permanente y el cumplimiento efectivo de las medidas de mitigación.
Alfonso Ureña, secretario de Medio Ambiente del PLD, sostuvo que cuando la gestión ambiental se reduce a la tramitación acelerada de permisos, el riesgo es evidente, el Estado pierde capacidad de regulación y, además, los ecosistemas quedan expuestos a presiones crecientes.
Apuntó que diversos casos recientes han generado dudas razonables sobre la fortaleza del sistema de fiscalización ambiental, e incluso han provocado movilizaciones en defensa del medio ambiente.
La entidad manifestó que los daños a humedales y manglares asociados a un proyecto inmobiliario en Las Terrenas (Samaná), así como la instalación de barcazas en zonas ambientalmente sensibles en Los Negros (Azua), plantean interrogantes legítimas sobre la aplicación rigurosa de la normativa y erosionan la confianza pública en las instituciones encargadas de su protección.
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“La preocupación no surge únicamente de percepciones políticas o sociales. El Informe GEO República Dominicana 2024 advierte que el crecimiento económico del país ha estado acompañado de una presión creciente sobre los recursos naturales, el deterioro de ecosistemas y la pérdida de biodiversidad”, apuntó.
En su acostumbrada rueda de prensa de los lunes, el PLD precisó que en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, la población ha salido a las calles a reclamar acciones frente a la contaminación de la Presa de Hatillo, una infraestructura con capacidad de almacenamiento de 700 millones de metros cúbicos de agua, clave para el abastecimiento y la seguridad hídrica nacional.
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“En la región del Cibao, sectores sociales y ambientales han expresado su preocupación ante los permisos para exploración minera en la Cordillera Septentrional, un sistema montañoso que alberga importantes fuentes de agua y ecosistemas de alto valor ecológico”, indicó.
Ureña puntualizó que, en San Juan de la Maguana, comunidades rurales han manifestado su rechazo a la posibilidad de actividades de minería metálica en zonas cercanas a fuentes hídricas.
Expuso que, en Valle Nuevo, provincia La Vega, no de los parques nacionales más importantes del país por su función en la regulación hídrica, aún se espera el cumplimiento efectivo de las disposiciones adoptadas para la recuperación de áreas intervenidas. Mientras tanto, en Los Haitises, una de las reservas de biodiversidad más relevantes del Caribe, persisten actividades de tumba y quema, evidenciando una falta de control.
Medio
En cuanto al Parque Nacional Jaragua, añadió que emergen preocupaciones sobre proyectos anunciados sin que, hasta el momento, se haya presentado públicamente una evaluación de medio ambiente que sustente su viabilidad.
“La ausencia de una respuesta institucional coherente agrava los problemas ambientales, debilita la gobernanza de los recursos naturales y genera incertidumbre en las comunidades”, subrayó el partido de la estrella amarilla.
En tal sentido, planteó que el país se encuentra ante acciones que no responden a hechos aislados, sino a un modelo de gestión que ha priorizado la tramitación de permisos sobre la planificación territorial, la prevención de impactos y la fiscalización efectiva.
“Frente a esta situación, es imprescindible abrir una discusión nacional sobre el rumbo de la política ambiental, fortaleciendo la fiscalización, la protección de las fuentes de agua y el cumplimiento de la normativa vigente”, concluyó la entidad.
