La proliferación de partidos políticos para fomentar las libertades y luchar por el bienestar de la población no puede censurarse. Antes al contrario. Lo censurable es que los partidos se organicen al vapor, sin llenar los requisitos que establecen las leyes, para buscar única y exclusivamente una tajada del pastel, sea a través de los recursos que salen de las costillas del contribuyente o arrimándose a quien lleva las de ganar. Es lo que ha enseñado la triste experiencia.
Y en el caso de los partidos cuyo reconocimiento fue negado por la Junta Central Electoral (JCE) hay que confiar que se actuó con estricto apego a la ley.
No se puede discriminar a ninguna fuerza política, pero tampoco el quehacer partidario se puede convertir en un relajo o alentarse como un gran negocio con el reconocimiento de fuerzas que no persiguen otro objetivo que lo suyo. Tal vez algún día habrá que revisar o depurar el sistema electoral, para reglamentar los ventorrillos que no son más que rémoras.

