El suicidio de un disparo en la cabeza en su residencia de Lima, Perú, del expresidente Alan García, para evitar su detención por el escándalo de corrupción de Odebrecht, es un episodio conmovedor, que ha consternado hasta a sus más enconados rivales políticos. Pero la lectura del suceso del que fue víctima un político de sólida formación, que alcanzó el poder con solo 35 años (1985), postulado por un partido como el Apra, que se convirtió en símbolo de resistencia y lucha por las libertades, no es solo sentimental, sino que tiene muchas otras, como el papel de la justicia en hacer entender al poder político que las leyes son iguales para todos.
García, que en una carta dijo que dejaba su cadáver como “desprecio de la injusticia”, había proclamado que antes muerto en lugar de dejarse arrestar por un escándalo del que alegaba nada tenía que ver. Para evadir la justicia el exgobernante buscó asilo en la embajada de Uruguay. El Gobierno del izquierdista Tabaré Vásquez se lo negó porque la persecución no era por asuntos políticos, sino por cuestiones económicas, además de señalar que en Perú el Poder Judicial había dado muestras de independencia. Pero García, que fue el último de los cuatro exmandatarios contra el que se expidió una orden de arresto, entendía que contra él se había montado un circo porque “no hubo ni habrá cuentas, ni sobornos, ni riqueza”.
Lo primero que hay que preguntarse es si el expresidente estaba tan seguro de su inocencia ¿por qué no se enfrentó a la justicia? Antes de ser alcanzado por la investigación, contra el expresidente Alejandro Toledo, radicado en Estados Unidos, se emitió una orden de captura internacional; Ollanta Humala, otro exmandatario, fue detenido junto a la exprimera dama Nadine Heredia, y Pedro Pablo Kuczynski, además de renunciar a la Presidencia salpicado por el escándalo de los sobornos, a sus 80 años está en prisión. Pero también están tras las rejas por la corrupción de Odebrecht la líder opositora Keiko Fujimori y prominentes empresarios y exfuncionarios gubernamentales.
La consternación causada por el suicidio de García se ha tratado de aprovechar para atacar a la justicia por su “implacable” persecución contra los relacionados con la corrupción de Odebrecht. Se trata, por supuesto, de un ardid, porque a diferencia de países donde el escándalo ha sido utilizado para implicar opositores y proteger a aliados, en Perú no se ha salvado ningún sospechoso de estar asociado a la práctica.
El rumbo marcado por la justicia peruana debe servir de ejemplo a las demás naciones si en verdad se quiere enfrentar un flagelo que tanto ha contribuido a lastrar el desarrollo de estos pueblos. El deceso de Alan García no puede detener el trabajo de la justicia en Perú ni en ningún otro sitio.
