Un total de 186 mujeres embarazadas, 559 parturientas y 648 menores de edad, 178 niñas y 470 niños, fueron detenidos por la Dirección General de Migración (DGM) entre el 21 de abril y el 30 de mayo de 2025, como parte de las acciones de control migratorio implementadas en hospitales públicos de República Dominicana.
En total, 2,188 personas en condición migratoria irregular fueron detenidas en 642 operativos realizados en centros de salud a nivel nacional.
Las cifras brindadas por Migración reflejan que las mujeres y los menores de edad representan una proporción significativa de la población intervenida en estos operativos, que se han desarrollado en coordinación con el Servicio Nacional de Salud (SNS) y con el personal hospitalario.
Tan solo en Santo Domingo se efectuaron 218 operativos, mientras que en provincias fronterizas como Elías Piña (60), Pedernales (33), Montecristi (25), Independencia (24) y Dajabón (21) también se desplegaron acciones focalizadas.
La DGM afirmó que todas las intervenciones se han realizado respetando el protocolo establecido, que incluye una permanencia mínima postparto de 72 horas para partos naturales y siete días para cesáreas, antes de proceder con cualquier traslado.
La institución enfatizó que su accionar se ajusta al marco legal vigente y se realiza “respetando los derechos humanos de los extranjeros indocumentados”.
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Comunicó además que, mantiene presencia en los treinta y tres (33) hospitales definidos como centros priorizados y que acude a los demás centros a requerimiento del personal de seguridad de los hospitales, cuando es necesario enviar una unidad para llevar a un centro de acogida de la DGM la persona que ha sido atendida y dada de alta, pero su permanencia en el país es irregular.
Aseguró que se ofrece un trato humano, con transporte adecuado y atención especial en los casos de mujeres, niños y adolescentes repatriados, y que continuará trabajando en coordinación con el SNS y otros organismos “para salvaguardar la salud pública, garantizar el uso adecuado de los recursos del Estado y mantener el orden migratorio sin comprometer la dignidad de las personas”.
