Santo Domingo.– El Ministerio Público depositó formal acusación contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, el contratista José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y otros siete coimputados, señalados como responsables de sabotear el sistema de semaforización del Gran Santo Domingo y cometer actos tipificados como terrorismo.

La acusación forma parte del expediente “Operación Camaleón”, surgido tras la detección de irregularidades en un contrato de más de 1,300 millones de pesos suscrito con la empresa Transcore Latam para la instalación y modernización del sistema de semáforos.

Tras la suspensión del acuerdo, el sistema semafórico colapsó en dos ocasiones, provocando caos vehicular en distintas vías del Distrito Nacional y Santo Domingo Este. Las investigaciones apuntan a que los apagones fueron provocados de manera intencional, hecho por el que las autoridades responsabilizan directamente a Gómez Canaán, quien también tenía otros contratos estatales, incluyendo servicios relacionados con licencias de conducir.

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Nuevos implicados y delitos imputados

Además de Beras y Gómez Canaán, la acusación incluye a Manuel Eduardo Mora, gerente general de Pago RD Exchange, y a Henry Darío Féliz, incorporados recientemente al expediente.
La lista de procesados la completan Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología; Frank Díaz Warden, excoordinador de Despacho; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero, y Carlos José Peguero Vargas.

El grupo enfrenta cargos por corrupción administrativa, estafa al Estado, falsedad en documentos, asociación de malhechores y sabotaje electrónico, así como violaciones a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
También se les atribuyen actos de terrorismo cometidos mediante medios electrónicos, delitos que podrían acarrear penas de hasta 30 años de prisión.

Fin de la investigación

Con la presentación del acto conclusivo, el Ministerio Público da por cerrada la fase investigativa del caso, dejando en manos del tribunal la decisión sobre los responsables de los hechos que afectaron la seguridad y operatividad del sistema de tránsito nacional.