La magistrada Miriam Germán Brito ha ofrecido una saludable satisfacción, aunque quienes la conocen o los que han observado su carrera no la necesitaran, al explicar punto por punto su relación con Víctor Díaz Rúa, como con el presunto narco Richard Molina Ovalle, quien le construyó una “villa” en San José de Ocoa. Todavía no se hayan despejado las dudas diseminadas con sus alusiones por el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, la juez, que sabe que su función no admite secretos, ha respondido con su verdad. Si no es como ha declarado, tendrá entonces que atenerse a las consecuencias que representarían la tergiversación de los hechos.

La magistrada aclaró que en 2014 pagó 700 mil pesos a Molina Ovalle por servicios profesionales para la construcción de una casa que un anónimo citado por Rodríguez en la evaluación del Consejo Nacional de la Magistratura califica de villa.

Para ese Molina Ovalle, quien según la Procuraduría había fingido su muerte y terminó suicidándose en 2018, fue que se solicitó la interceptación de un número telefónico (extrañamente cinco días después de su defunción) y que resultó y vino a ser el de Germán Brito. Aunque la juez ha proporcionado la debida documentación, las autoridades, que han mostrado un interés muy particular en su caso, deben realizar una investigación para verificar si hasta la procedencia de los recursos citada por la juez se corresponden con la verdad.

Como lo que se persigue es transparencia no debería quedar ningún cabo suelto. De la misma manera que Germán Brito ha rendido cuenta de sus relaciones personales y trayectoria, asimismo deberían proceder funcionarios como el procurador general de la República al aclarar incógnitas que han quedado en el aire.

Se presta a suspicacias que en tanto transcurre el tiempo el funcionario no haya emplazado a la magistrada para que explique a qué se refería cuando señaló que si el proceso sobre las evaluaciones fuera de doble vía, también hablarían de él. Más aún cuando la juez fue muy enfática al indicar que no se trataba de asuntos personales, que ella respetaba.

Si Rodríguez no lo ignora, que se duda que lo ignore por el caudal de información que maneja, en las redes sociales circula un historial suyo que cuestiona hasta la procedencia de los 224 millones de pesos que presentó en su declaración jurada de bienes.

Tiene que saber que si la Cámara de Cuentas no se toma la molestia de investigar su patrimonio, como manda la ley, él es quien tiene que hacerlo. Si Germán Brito ha respondido sus alusiones, él, hasta por la salud del proceso evaluativo debería actuar de la misma manera para reforzar su autoridad moral.