Orlando Jorge Mera
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A raíz de las recientes elecciones extraordinarias del nivel presidencial y congresual del pasado 5 de julio, donde resultó electo Luis Abinader con más del 52%, la Organización de Estados Americanos (OEA), a través de su Misión de Observación Electoral, emitió un informe preliminar con sus valoraciones sobre el proceso marcado por la presencia de la Covid-19.
Aunque hubo puntos fuertes, como una participación ciudadana decente, dada las condiciones de emergencia sanitaria; así como el orden y la paz en la que transcurrió la jornada electoral en gran parte del país, salvo lamentables sucesos de violencia; la OEA también identificó aspectos urgentes de mejora y revisión de parte de todos los actores competentes. Entre esos ámbitos, el financiamiento político.
En el punto IV de los hallazgos de la OEA, plasmados en su informe preliminar, establece claramente que, aunque se adoptó en el país una nueva normativa de regular el financiamiento político con límites al gasto en campaña, se corroboró que muchas disposiciones legales fueron violadas en la práctica, al no existir una real aplicación del régimen de consecuencias, así como por la ausencia de competencias, recursos, y por lo demás, de voluntad política.
“El principal desafío en materia de financiamiento político radica en la efectiva implementación y cumplimiento de las normas. Una vez más, la Misión observó que no existe verdadero control ni fiscalización a las finanzas de las organizaciones políticas ni de las candidaturas, a pesar de lo que ordena la ley y frente a una campaña electoral en que se invirtieron grandes sumas de dinero”, reza el informe preliminar de la OEA.
El hallazgo, idéntico al que detectaron en marzo pasado, cuando se celebraron elecciones municipales extraordinarias, solo viene a confirmar lo que en el PRM denunciamos incansablemente: falta de transparencia en la rendición de ingresos y gastos de los partidos y candidatos; ausencia de voluntad de aplicar la ley, lo cual deja en evidencia un largo camino por recorrer. Luego del proceso, y oportunamente, habrá que hacer profundas reformas electorales.
Todo esto nos deja lecciones que no podemos pretender tapar con un dedo. Hacia el futuro, empleando las leyes que tenemos a mano, se puede fortalecer la democracia y la institucionalidad en todo contexto, sobre todo cuando el poder y la administración del Estado estén en juego.
Las dádivas, la compra de voluntades y el uso de recursos públicos no pueden ser prácticas toleradas que deambulen por la impunidad. Tal como estableciera el editorial del periódico “Hoy” en días recientes: “El trato mercantil al voto no debe repetirse y para otras justas a ningún gobierno se le debe permitir que sus funciones asistenciales sean capitalizadas para sus propósitos políticos”.
