El presidente del Movimiento Izquierda Unida MIU, Miguel Mejía ve justa la decisión del presidente Danilo Medina que observó y devolvió al Senado, la ley sometida para su promulgación, declarando Parque Nacional a Loma Miranda.

A continuación texto integro

En el día de ayer, 2 de septiembre, el presidente Danilo Medina, junto con una carta de diez páginas dirigida a la Lic. Cristina Lizardo, presidenta del Senado de la República, devolvió a esa Alta Cámara, sin promulgar, la Ley que crea el Parque Nacional Loma Miranda. El procedimiento utilizado, conocido como observación, se basó en la atribución que le confiere el Artículo 102 de la Constitución nacional, por tanto fue una acción apegada a los preceptos constitucionales.

Dicha acción no significa, bajo ningún concepto, que el valioso ecosistema de Loma Miranda se entregue a alguna empresa, nacional o extranjera, para su explotación desmedida, en detrimento de los intereses de la nación, ni de espaldas al justo reclamo de la mayoría del pueblo dominicano.

Según el Artículo 102 de la Constitución de la República, que da base a la observación presidencial, “…la cámara que hubiere recibido las observaciones (en este caso, el Senado) las hará consignar en el orden del día de la próxima sesión y discutirá de nuevo la ley, en única lectura”. Cumplido este requisito, en caso de ser aprobada la ley observada por las dos terceras partes de los miembros presentes, deberá ser enviada a la otra cámara, “…y si ésta la aprobare por igual mayoría, se considerara definitivamente ley y se promulgará y publicará en los plazos establecidos en el Artículo 101”

Independientemente de que se ejerzan estas prerrogativas del Poder Legislativo, que le otorga la Constitución, nuestro Movimiento Izquierda Unida, hubiera deseado que el Presidente de la República gubiera promulgado dicha ley. Pero, está dentro de sus atribuciones y en apego a nuestros preceptos constitucionales, la ha observado basado en criterios que ha hecho del conocimiento a la Cámara Alta, mediante una comunicación en la que justifica su decisión.

El Presidente no ha objetado la justeza del reclamo popular en el tema de Loma Miranda, ni ha dejado de apoyar la necesidad de que el gobierno que encabeza defienda, como hasta ahora ha hecho de manera sistemática, los intereses nacionales. Su observación va dirigida a que se perfeccione el texto de la Ley propuesta; que se armonice con el necesario respeto a los compromisos internacionales y que, en caso necesario, defina de manera clara y objetiva, la procedencia y el monto de los fondos que serán destinados a las indemnizaciones procedentes.

Un gobernante serio y responsable está obligado a que toda ley que apruebe y promulgue su gobierno sea justa, coherente, inobjetable y realista. Sobre estas bases, y procurando cumplir tales exigencias del buen gobierno, es que el Presidente tomó esta polémica decisión.

Las reacciones a favor y en contra de la medida, no se han hecho esperar. Mientras en las redes sociales se debate, acaloradamente, su justeza, otros, con demagógico acento, alzan la bandera de “defender los puestos de trabajo de los trabajadores de Falcondo”. Son, curiosamente, los mismos que nunca levantaron su voz para protestar contra despidos y arbitrariedades cometidas en la zona, precisamente, dirigidos contra humildes trabajadores dominicanos. En este punto, como siempre sucede, supuestos nacionalistas extremos se dan la mano con los voceros que defienden la explotación sin límites de las riquezas nacionales, especialmente si en ello se encuentran involucradas poderosas transnacionales extranjeras.

Ante situaciones similares, en América Latina, existen precedentes ilustrativos de que, gobiernos de países como Ecuador y Bolivia, han defendido la preservación del medio ambiente y el óptimo aprovechamiento de sus recursos naturales, sin menoscabo de los intereses nacionales, ni de los justos reclamos de sus pueblos.

La trayectoria del gobierno del presidente Danilo Medina y su ejecutoria personal, no arrojan la menor sombra de duda sobre la veracidad de sus palabras, cuando al final de la carta dirigida a la Presidenta del Senado, expresó:

“Estoy consciente de que esta observación no será bien recibida por sectores de la vida nacional que, en acción loable, son defensores de los recursos naturales que el Creador ha legado a la nación… A ellos, y a todo el pueblo dominicano, les garantizo que bajo mi Presidencia no se autorizará ninguna explotación minera en Loma Miranda, ni en ningún otro lugar del territorio nacional, sin que se cumpla, de manera estricta, con los requerimientos de un aprovechamiento sostenible, y que la empresa beneficiaria de la concesión, se gane legítimamente, con sus acciones, la licencia social que amerita una explotación de esta naturaleza”

Confiamos en el triunfo de la justa lucha de la mayoría del pueblo dominicano por el futuro de la nación y la preservación del legado que dejará a las generaciones futuras.

Confiamos en la sabiduría y el patriotismo de nuestro Poder Legislativo que debe actuar en apego a la preservación de nuestros

recursos naturales, interpretando el sentir de la mayoría del pueblo dominicano. Y que procuren hacerlo en el menor tiempo posible conforme a los preceptos constitucionales, evitando prolongar más la solución de este tema.

Confiamos en la palabra del presidente Danilo Medina y respetamos su decisión de perfeccionar la Ley que le fue presentada, antes de su eventual promulgación y publicación. Confiamos, plenamente, en nuestra Patria y en su pueblo.