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Moise avanza en solitario hacia la organización del referéndum en Haití

Moise avanza en solitario hacia la organización del referéndum en Haití

Puerto Príncipe (EFE).- El Gobierno del presidente Jovenel Moise avanza en solitario hacia la organización del referéndum del próximo 27 de junio en Haití, con el que quiere aprobar una nueva Constitución, que no cuenta con el apoyo de la oposición ni de la comunidad internacional.

Aunque varios partidos de la oposición y la sociedad civil han llamado a boicotear el referéndum, el Consejo Electoral Provisional (CEP) afirmó en un comunicado que los preparativos “van bien”, aunque precisó haber hecho algunos arreglos en el calendario de referéndum y actividades electorales.

Según el Consejo, las actividades enumeradas en el calendario del referéndum se están realizado como fueron planificadas, a excepción de algunos centros de votación en el oeste, que no han podido ser evaluados.

EL GOBIERNO PUBLICA SEGUNDO BORRADOR
En el comunicado, el CEP reafirmó su determinación de llevar a cabo su misión “de manera independiente, creíble, honesta y transparente”, al tiempo que informó que ya ha recibido parte de los materiales que se usarán en el referéndum, entre ellos botellas de tinta y kits de formación.

El pasado martes, Mathias Pierre, el ministro delegado encargado de las cuestiones electorales, clausuró dos días de talleres sobre el referéndum y las elecciones en los que participaron partidos y pequeños y grupos cercanos al presidente Moise.

En tanto, el Gobierno publicó un segundo borrador del texto del proyecto de Constitución que, afirma, toma en cuenta las demandas de ciertos sectores y partidos políticos en particular.

A raíz de esto, se inició una serie de debates televisados sobre el proyecto de la nueva constitución.
Moise pretende aprobar la nueva Constitución en el referéndum previsto para el 27 de junio y celebrar en septiembre, de forma simultánea, elecciones presidenciales y legislativas.

Las legislativas están aplazadas desde 2019, una circunstancia que ha permitido a Moise gobernar por decreto desde enero de 2020, cuando quedó disuelta la Cámara de los Diputados y el Senado, solo con un tercio de sus miembros en activo, carece de quórum para tomar decisiones.

CRÍTICAS A LA CONVOCATORIA
La Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA) y países como Estados Unidos han criticado el proceso de consultas en torno a la nueva Constitución por no ser lo suficientemente inclusivo.

En tanto, en varias zonas del país, partidos y ciudadanos se oponen a la celebración de reuniones oficiales que se refieren al referéndum en sus regiones, por lo que persisten las dudas reales sobre la celebración efectiva del referéndum.

Líderes y representantes del sureste de Haití, incluido el actual presidente del Senado, Joseph Lambert, son totalmente contrarios a esta convocatoria e, incluso, amenazan con tomar represalias contra cualquier persona o institución que haya puesto sus bienes al servicio del Gobierno para realizar dicha convocatoria.

“Llamo a la población a rebelarse”, dijo el parlamentario a un medio local.

CONTINUAS PROTESTAS
El país ha sido escenario estos meses de protestas antigubernamentales para denunciar el proyecto de referéndum.
Durante estas protestas, los manifestantes destruyeron innumerables pancartas colocadas por el Gobierno en las que se pedía a la población que votara “sí” a su proyecto de Constitución.

La oposición está enfrentada abiertamente a Moise y exige su salida del poder por considerar que pretende instaurar una dictadura ya que, de acuerdo con su interpretación de la Constitución, su mandato terminó el 7 de febrero pasado.

Ese día se agravó enormemente la actual crisis política que afecta al empobrecido país cuando Moise denunció que la oposición y un grupo de jueces tramaban un golpe de Estado.

Un día después, la oposición nombró como “presidente interino” al juez Joseph Mécène Jean Louis y el Gobierno reaccionó cesando a los magistrados involucrados en la supuesta trama, una decisión polémica puesto que la Constitución consagra la inviolabilidad de los jueces.

El Nacional