La magistrada María Garabito Ramírez, juez de la SCJ junto a otros integrantes de la mesa que trabaja en la implementación de el programa de Optimización del Proceso Penal
Pese a la profunda transformación que vive la justicia dominicana, especialmente en el área penal, aún persisten escollos para lograr el descongestionamiento total de tribunales y centros penitenciarios.
Todos los actores del sistema coinciden en que la mora judicial sigue siendo el principal obstáculo. Aunque en el Distrito Nacional y algunas provincias el problema está casi resuelto, hay otras jurisdicciones donde los tribunales presentan retrasos en la emisión de fallos, como es el caso de Santo Domingo, incluyendo sus municipios Este, Oeste y Norte.
Las partes involucradas reconocen que, para eficientizar la justicia, se requiere una inversión significativa para adquirir equipos tecnológicos, contratar personal y construir nuevos tribunales y recintos carcelarios.
Robinson Reyes, exdefensor público y actualmente abogado privado, resaltó la importancia del Programa de Optimización del Proceso Penal, ejecutado por el Poder Judicial junto al Ministerio Público, la Oficina Nacional de la Defensa Pública y la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales. Sin embargo, aseguró que aún quedan muchos aspectos por mejorar.
“Uno de los mayores problemas es la mora judicial, con la cantidad de casos pendientes en los tribunales, que muchas veces se prolongan por aplazamientos provocados, falta de traslado u otras causas”, explicó Reyes.
El abogado destacó que, mientras en el Distrito Nacional la mora judicial está prácticamente controlada, en Santo Domingo Este, Las Caobas en Santo Domingo Oeste, San Cristóbal y Santiago la situación sigue siendo crítica. Espera que la puesta en servicio de la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este contribuya a descongestionar los tribunales de esa demarcación.
Escasez de personal y presupuesto
Otro desafío importante es la falta de jueces, fiscales, defensores públicos y personal administrativo. Reyes enfatiza la necesidad de un mayor presupuesto para que el Poder Judicial pueda construir más edificaciones y contratar personal, garantizando que los casos se conozcan en un tiempo razonable.
“Espero que haya un aumento en el presupuesto del Poder Judicial y del Ministerio Público, que se contraten más empleados y se habiliten nuevas edificaciones judiciales”, concluyó.
Por su parte, el magistrado y especialista en derecho penitenciario Rafael Báez asegura que la destrucción del sistema carcelario responde a un autoritarismo arraigado en los centros de privación de libertad, lo que ha sepultado cualquier intento de un modelo penitenciario moderno.
Báez aboga por que a los reclusos se les dé un trato con respeto a su dignidad y valor como seres humanos, tal como establecen los principios constitucionales y convenios internacionales.
Advierte también que los jueces deben ser más mesurados con la prisión preventiva, ya que, según él, la exageración en su imposición proviene del propio sistema judicial, no del Ministerio Público, cuyo rol es solicitar castigo.
Desafío en capacitación y actualización de servidores judiciales
La jueza Yenni Cecilia Muñoz, del Quinto Juzgado de la Instrucción de Santo Domingo Este, ha sido testigo de la evolución del programa. “Lo más importante es que acerca la justicia a la sociedad. Se han reducido los plazos procesales, estandarizado los procesos y ahora contamos con un sistema de gestión de calidad y supervisión”, afirma.
Muñoz asegura que, cuando existe voluntad institucional, articulación intersectorial y enfoque estratégico, es posible transformar profundamente la administración de justicia. Según la magistrada, el programa ha logrado un desarrollo de alrededor del 80%, gracias al esfuerzo conjunto de jueces, fiscales, defensores, servidores judiciales y actores sociales.
El impacto del programa no se refleja solo en los despachos ni en los informes, sino en la vida de quienes participan en él: en los reclusos que ven avanzar sus casos después de años de espera y en las víctimas que finalmente sienten que la justicia responde. La optimización del proceso penal es, en esencia, una oportunidad para devolver la dignidad y esperanza.
Cifras de una justicia que se humaniza
Entre 2019 y 2025, la capacidad de los tribunales para resolver casos se ha duplicado, con un crecimiento superior al 114%. Detrás de estos números hay jornadas de trabajo, audiencias más ágiles y una nueva cultura judicial que apuesta por eficiencia y transparencia.
La implementación progresiva de herramientas tecnológicas, la mejora en la gestión de casos, la reducción de la población penitenciaria y el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional son señales claras de que el sistema de justicia penal avanza hacia un modelo más justo, transparente y eficiente.
Según el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, impulsor de la iniciativa, “la justicia es un principio y una labor profundamente humana que guía cada acción del poder”.
El programa responde a problemas estructurales del sistema, como la falta de estandarización de procesos, retrasos en la atención de casos, limitada interoperabilidad entre instituciones y ausencia de controles de calidad. Su implementación contempla todas las fases del proceso penal, desde la etapa preparatoria hasta la ejecución de la pena, apoyada en un sistema de gobernanza robusto que incluye comités de seguimiento y mesas de coordinación interinstitucional, así como alianzas con instituciones públicas y sociales.
Guerra contra la mora judicial
El 15 de enero de 2024, se identificaron 66,500 asuntos en estado de mora a nivel nacional, registrados en el Sistema de Gestión de Casos (SGC), el cual es la herramienta oficial de registro de asuntos en los tribunales desde septiembre de 2022. En ese momento, solo el 30% de los tribunales a nivel nacional estaban al día.
A partir de este diagnóstico, se puso en funcionamiento el Plan de Operación Tribunales al Día, con el objetivo de reducir los tiempos de atención a los casos mediante la implementación de controles más estrictos, herramientas tecnológicas, capacitación y apoyo a distancia.
El plan también incluyó la revisión y adecuación del personal operativo en los tribunales, con el fin de garantizar que puedan gestionar de manera eficiente el volumen de casos, ya sea con su propio equipo o con el apoyo remoto del Centro de Operación de Apoyo Jurisdiccional.
A julio de 2025, la población condenada en los centros bajo la Dirección General del Servicio Penitenciario y Correccional (DGSPC) se sitúa en 8,783 personas, lo que representa una disminución de 23.15% respecto a 2021. No obstante, la población preventiva ha aumentado ligeramente, pasando de 15,770 en 2021 a 16,018, evidenciando la necesidad de fortalecer acuerdos previos al juicio y otras medidas de coerción.
Entre enero y septiembre de 2025 se formalizaron 2,346 acuerdos, un aumento de 32.7% respecto al mismo período de 2024. Además, se resolvieron 10,436 casos mediante salidas alternas, representando el 38.5% del total de casos ingresados.
El plan se plateó en el 2024 reducir el 100% de los asuntos en mora identificados y aumentando el porcentaje de tribunales al día de un 30% a un 70% a nivel nacional, logrando el cumplimiento de dicha meta.
El Programa de Optimización del Proceso Penal ha avanzado cerca de un 80%, con casi todos los tribunales al día en cuanto a la mora judicial, aunque todavía persisten algunas salas con retrasos. Este esfuerzo involucra a todos los actores del proceso penal, incluyendo jueces, fiscales y defensores, y se espera que para diciembre se alcance cero mora.
En el proyecto “Mecanismos de Aceleración del Proceso Penal” entre 2022 y 2023, se incrementaron en un 185% los acuerdos, alcanzando 4,970 al cierre del 2024. Un plan interinstitucional implementado en 2023 culminó en un memorándum de entendimiento y una guía práctica, aprobándose también un reglamento para la resolución no adversarial por la Suprema Corte de Justicia.
En 2024, se llevó a cabo un plan piloto en Barahona que mostró un aumento del 57% en la resolución de casos, extendiéndose luego a seis distritos judiciales más.
A nivel nacional, el 100% de los jueces de instrucción, fiscal y defensores fueron formados en estos mecanismos, consolidándose en septiembre de 2024 una metodología replicable para otras jurisdicciones.
También se alcanzó un consenso nacional entre fiscales y defensores para
aplicar uniformemente los acuerdos, ampliando de 4 a 35 los tipos penales priorizados para salidas alternas.
El impacto interno del programa refleja desafíos como la cultura predominante de litigación, la lentitud en la respuesta de los tribunales durante las etapas del proceso, y la alta tasa de expedientes que llegan a juicio (70%), lo que provoca una sobrecarga en los tribunales. A nivel externo, en 2022, solo un 13% de los casos se resolvieron mediante métodos no adversariales, lo que resalta la necesidad de fomentar estas alternativas para aliviar la carga judicial.
Humanización del sistema penitenciario
El pasado mes, la magistrada María Garabito Ramírez, de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, recorrió junto a autoridades de la DGSPC tres centros de rehabilitación femeninos: Baní, Najayo Mujeres y el Instituto para Adolescentes Femeninas en Conflicto con la Ley Penal, en el Distrito Nacional.
Durante su visita, Garabito Ramírez verificó que las internas reciban atención educativa, técnico-profesional, recreativa, terapéutica y médica, según sea necesario, e interactuó con ellas para motivarlas a visualizar un futuro positivo, con planes y metas que faciliten su reinserción en la sociedad.
La magistrada destacó la importancia de fortalecer los lazos familiares como parte del proceso de rehabilitación y afirmó: “La mujer es sinónimo de resiliencia permanente. Lo que a veces vemos como problemas, son oportunidades, son retos”.
