Doce días más de estado de emergencia no es mucho ni poco porque las medidas de restricción ciudadana sirven para contener el desenfreno social que obra como combustible que aviva y expande el fuego de la COVID-19 cuando el país retorna a una nueva normalidad con riesgo de que el remedio sea peor que la enfermedad.
Ojalá que no se requiera una hora de estado de excepción, que no haga falta extender el toque de queda y que el Gobierno pueda disponer de apertura total de la economía, pero la realidad retrata de cuerpo entero riesgos que no pueden soslayarse.
Lo peor que puede ocurrir con el programa de prevención y contención del coronavirus es que resulte embadurnado por intereses políticos o electorales, porque lo menos que merece una población atribulada es que se instale aquí una carpa de distribución de culpas y agravios relacionados con la pandemia.
Se admite discutir la pertinencia o no de extender el estado de emergencia, pero el argumento de que ese pedido solo procura ganancias electorales es inválido, porque de lo que se trata es de determinar si las condiciones están dadas para abrir las compuertas de manera absoluta y permanente.
Partidos políticos y sociedad civil tienen vías de derecho para denunciar ante las jurisdicciones correspondientes cualquier tipo de violación a la ley en que incurra el Gobierno o el partido oficialista, pero sería exagerado poner en riesgo la salud colectiva para impedir eventuales transgresiones al estatuto electoral.
Algunos países cosechan éxito en sus programas de retorno a la nueva normalidad, como España, Italia, Francia, Costa Rica, Uruguay y Paraguay, pero en otros ese intento ha fracasado y se agrava la crisis sanitaria, como en Brasil, Estados Unidos, Perú y Ecuador. Unas y otras experiencias deberían servir de espejo al todavía complejo escenario dominicano.
Las autoridades sanitarias consideran como indispensable mantener el estado de emergencia, incluido el toque de queda, en razón de que aún no se ha aplanado de manera total y consistente la espiral de contagios y decesos, pero la oposición política cree que la desescalada que se ha aplicado no requiere de ese tipo de restricción. Lo mejor sería las partes vuelvan a darle un almohadazo a sus disidentes posiciones.
Se insiste en señalar que los 12 días de ampliación del estado de emergencia no resultan suficientes ni insuficientes, porque la realidad dirá, si fue mucho o poco el tiempo otorgado por el Congreso, aunque los ruegos son para que en ningún caso se produzca un retroceso en la lucha contra la COVID-19.
