Herederos de una extensión de terrenos ocupados por alrededor de ocho mil familias en Andrés, Boca Chica, rechazaron que presionen a los ocupantes para que los abandonen o se vean forzados a arribar a un acuerdo de venta. En nombre de la sucesión José María Aponte Mella, la señora Sandra Aponte dijo que fueron sorprendidos por una información en este vespertino de que una comisión del Gobierno mediaba en el conflicto por la posesión de los terrenos.

Al admitir que la porción de tierra que perteneció a José María Aponte Mella está ocupada por unas 8 mil familias, aclaró que no han recibido hasta el momento ningún llamado de las autoridades ni han realizado desalojos ni perturbado la vida de los ocupantes de su tierra en los sectores Los Botados, María Estela, La Altagracia, Las Mercedes, Libertad y otros de Andrés.

No obstante, Sandra Aponte dijo que la sucesión propietaria de los terrenos se sentiría satisfecha si el Estado tomara carta en el asunto y sirva de moderador en la litis.

Argumentó que los herederos de José María Aponte Mella han intentado por todos los medios de llegar a un acuerdo con los invasores, pero éstos alegan que el Gobierno declarará los terrenos de utilidad pública.

La señora Aponte considera que ese comportamiento de las familias ocupantes vulnera el derecho de propiedad vigente en el país y se premiaría la ilegalidad.

“Nosotros hemos tratado de llegar a un acuerdo con los invasores, pero éstos responden de manera agresiva. Esto imposibilita la tranquilidad del sector, puesto que insurgentes no relacionados se han dado a la tarea de intervenir y boicotear cualquier negociación”, manifestó.

Insistió que a la fecha los sucesores de los terrenos no han dispuesto acciones de desalojo mediante el uso de la fuerza pública y más bien están interesados en llegar a una solución al conflicto, agravado por acciones de vandalismo y extorsión.