El abogado de los haitianos que ocupan desde hace 23 días la acera del Ministerio de Trabajo negó que ese organismo los haya citado para buscar una solución al conflicto laboral que tienen los indocumentados con una empresa procesadora de cocos de San Cristóbal.

En visita a El Nacional, Carlos Sánchez, quien además es encargado de asuntos internacionales del Comité de los Derechos Humanos, aclaró también que sus representados no piden sueldos atrasados y prestaciones, sino que demandaron a la empresa Coquera Kilómetro 5 en daños y perjuicios por la no afiliación a la seguridad social y por salarios caídos.

Dijo que el caso lo conoce el Juzgado de Trabajo de San Cristóbal. El Ministerio de Trabajo explicó que no tiene competencia en el caso, en razón de que se trata de una litis laboral de carácter judicial.

Sánchez acudió a la redacción de El Nacional junto a Francisco Ojilú y Camarón Santilú, dos de los 175 extranjeros afectados, y de Jonathan Báez, coordinador del Comité de los Derechos Humanos en la región Sur, para aclarar datos publicados en este vespertino. El abogado negó que el lugar que ocupan trabajadores y familiares esté convertido en una pocilga donde impera un fuerte hedor a excrementos como se publicó.