Una de las mayores contribuciones que haría Gobierno alguno a la tan anhelada justicia social es lograr que los 5.4 millones de dominicanos que cotizan en los fondos de pensiones puedan acceder en lo inmediato a una parte de esos más 700 mil millones que hay depositados.

El Gobierno que logre materializar esa aspiración se llenaría de gloria, el partido político que lo canalice pasaría a la historia como la organización a de más sensibilidad e identificación con los de bajo en el XXI.

El Gobierno, el Congreso y los sectores progresistas que quieren que este país avance y rompa con las cadenas del subdesarrollo tienen que unirse en ese reclamo tan sentido. No es cierto, como afirman algunos que han sido soportes ideológicos de los sectores más atrasados que tocar esos fondos significaría el colapso de la economía.

Produce mucha pena que actores y personalidades del mundo jurídico, económico, religioso y de la comunicación social, a los cuales uno le atribuía cierta equidad y conciencia social hoy estén haciendo el terrible papelazo de peones del veneno.

Los afiliados tienen el derecho legítimo de reclamar el avance del 30% de los fondos acumulados en sus cuentas, o que estos recursos se conviertan en un fondo de garantía para que ellos puedan emprender, liquidar o realizar préstamos hipotecarios con una mejor tasa de interés.

No es posible que la banca pública y privada que administran esos fondos millonarios de los trabajadores se crea dueñas y señoras de ese capital que ha sido acumulado con tanto esfuerzo y sacrificio.

Por: Alberto Quezada quezada.alberto218@gmail.com