La resolución adoptada por la Junta Monetaria, en la que anuncia que no se constituiría en parte civil en el proceso abierto contra cuatro ex altos funcionarios del Banco Central, lo que vino fue a oficializar la oposición de la autoridad monetaria y financiera a ese sometimiento, estimó este sábado el doctor Félix Calvo, ex vice gobernador y uno de los sometidos por el Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa.

Esa resolución de la Junta Monetaria no me sorprende, ya que es una formalización de la oposición que desde un principio tuvo el Banco Central sobre esa acusación, dijo.

Precisó que algunos de los miembros de la Junta Monetaria ya habían externado su parecer de que ese sometimiento había sido un acto irresponsable y aventurero.

El doctor Calvo dijo tener la información de que en el Gobierno hay el interés y la intención de que se le busque un bajadero extrajudicial a la acusación contra él, el licenciado José Lois Malkún, ex gobernador; el licenciado Apolinar Veloz, ex gerente, y el licenciado Manuel Rubio, ex consultor jurídico del Banco Central, por parte de la DPCA..

Recordó que para este lunes está fijada la audiencia para darle continuidad a ese proceso judicial.

El ex vicegobernador dijo que ahora que el Banco Central formalizó esa posición habrá que esperar la decisión que habrá de adoptar en el juicio el Ministerio Público, que fue el que tomó la iniciativa en la acusación.

El Listín Diario reveló esta mañana que la autoridad monetaria y financiera ha decidido no constituirse en parte civil en el proceso, que será abierto contra cuatro ex altos funcionarios del Banco Central acusados de la desaparicion de 18 pagarés por un valor de 10 mil millones de pesos del desaparecido Banco Nacional de Crédito (Bancrédito).

La Junta Monetaria, en su sesión del pasado día 2 de septiembre, comunicó la decisión al Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa.

De a cuerdo a la versión, el Banco Central expresó que esa acusación no recoge el interés primordial que tiene esa institución de recuperar la posesión de esos títulos para así impedir que los mismos continúen siendo utilizados para obstaculizar las liquidaciones de los bancos Bancrédito Panamá y Bancredit Caymán, en perjuicio de las reclamaciones que esta institución pública mantiene en esos procesos concursales.

En ese tenor, al no figurar en la acusación las personas físicas y jurídicas que actualmente detentan los pagarés y, por ende, no ser partes de ese proceso, el tribunal que eventualmente resultare apoderado del fondo de ese caso no podría ordenarles la restitución de los mismos a favor del Banco Central, lo cual fue el propósito principal de la indicada denuncia, dice la consultora jurídica del Banco Central, Olga Morel de Reyes, en la carta que comunica la decisión del Banco Central y la Superintendencia de Bancos en este caso.

El Banco Central dice que si se hubiese constituido en parte civil respecto al hecho de la desaparición de los pagarés no podría reclamar, en consecuencia, la inclusión en el proceso de las personas que los mantienen en su poder, en razón de que un proceso penal al actor civil únicamente le es permitido demandar una reparación de naturaleza económica.

La DPCA acusó a los cuatro ex funcionarios del Banco Central, quienes fueron los responsables en la adminsitración del ingeniero Hipólito Mejía, de las acusaciones iniciales contra los bancos comerciales quebrados de manera fraudulenta, de asociación de malhechores, falsificación de escritura pública, abuso de confianza y otras violaciones de las leyes vigentes.