La reintroducción de los proyectos de ley de partidos y ley electoral por parte de la Junta Central Electoral se produce en un momento muy oportuno para lograr el blindaje que se merece el sistema político nacional. El esquema mafioso utilizado por la empresa Odebrecht para cooptar la democracia en catorce países, incluyendo República Dominicana, obliga a hacer una rigurosa revisión para evitar que éste y otros potenciales casos se puedan repetir.
Odebrecht intentó y logró influir en partidos, políticos, funcionarios y en gobiernos para lograr no solo obtener obras y contratas mediante los sobornos confesados, sino que ejerció control en la toma de decisiones públicas, incluso con acceso directo a despachos presidenciales. Llegó al extremo de fletar aviones privados para trasladar al expresidente Lula para que visitara a presidentes, incluido el presidente Danilo Medina, a fin de lograr la asignación de obras para la empresa brasileira. Este esquema se repetía en otras instancias del Estado.
Dos principios fundamentales se vieron sensiblemente afectados por el esquema corrupto de Odebrecht: la democracia interna y el financiamiento en los partidos políticos. El otrora gigante brasileiro apoyó candidaturas en detrimento de otras que no competían en igualdad de condiciones. Igualmente, Odebrecht financió proyectos políticos y campañas electorales, lo cual debe ser sancionado.
Pero si no tomamos las medidas condignas a nivel legislativo, es muy posible que, en el futuro, puedan aparecer otras Odebrecht. Este es el momento de desterrar y sancionar para siempre estos mecanismos que laceran la democracia.
Por tanto, en la ley de partidos, debe prohibirse recibir donaciones o aportes por parte de empresas que estén acusadas ante la justicia por prácticas de corrupción y delitos graves como narcotráfico y lavado de activos.
En ese sentido, debe claramente establecerse que, en ningún caso, el dinero puede tener un origen ilícito, o que se demuestre que haya sido por un favor para obtener obras y contratas públicas. En los dos casos debe ser prohibido.
Simultáneamente es imprescindible fijar un tope al financiamiento privado, y obligar a los partidos a publicar los donantes de sus actividades y campañas electorales como se hace en toda democracia.
Por supuesto, esto debe acompañarse de un estricto régimen de consecuencias. Estamos en el punto de inflexión. Es hora de aprobar el blindaje del sistema político para sanearlo de las prácticas corruptas. El país se lo merece.