Leonel Fernández está legalmente inhabilitado para ser candidato presidencial en el 2012. Se sabe que la Constitución del 2003, derogada, se lo impedía, toda vez que él había optado ya por la única repostulación a que tenía derecho. La inquietud parece girar en torno a la noción de la irretroactividad y al alcance del efecto inmediato de la ley, abonada por el hecho de que la vigente Carta Sustantiva fue proclamada con posterioridad a fecha en que fue electo el mandatario.

Resulta, sin embargo, que desde que la nueva Constitución entró en vigor, se adueñó de las situaciones jurídicas preexistentes, arrastrándolas a su dominio de aplicación. Y entre las muchas situaciones creadas al momento de ser proclamada, figura la escogencia de Fernández como Presidente.

Insisto en que desde el punto de vista racional y objetivo, es imposible que pueda aspirar en el 2012, puesto que la Constitución vigente, que no solo gobierna a las situaciones jurídicas nacidas a partir de su proclamación, sino también las trabadas bajo el imperio de la precedente, se lo prohíbe expresamente en su artículo 124. Opinar de otro modo mediante interpretaciones macarrónicas, implicaría restringir la esfera normativa de la ley nueva, o mejor, amputarle su inequívoca capacidad de producir efectos sobre las situaciones existentes, que sin hacer recaer su aplicación en el pasado ni inclinarse delante de una ley derogada, está llamada a regular tanto las situaciones establecidas antes de su entrada en vigor como las que se creen a partir de entonces y hasta su abolición.

Al margen de esta conclusión a que conduce la lógica jurídica, cedo la palabra a Adriano Miguel Tejada, quien el lunes editorializó: El otro fantasma, el de la reelección, es el favorito de los arribistas políticos, de los que caen en desgracia y de los que viven de medrar a la sombra del Estado Las reelecciones solo han beneficiado a sus promotores, pues al país lo han enriquecido poco. Las reelecciones han sido madre fecunda de fortunas mal habidas, de impunidades groseras y de despilfarro del erario nacional. También han sido factor de división en los partidos y de congelamiento de promisorios liderazgos.