El presidente Luis Abinader ha hecho bien en retirar del Congreso el proyecto de Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes, adefesio legislativo que había sido sometido por el Poder Ejecutivo sin prever que se trataba de una bomba política y social con riesgo de estallar ante cualquier manipulación inadecuada.
Esa decisión presidencial devuelve tranquilidad a una población que sintió inusitado sobresalto ante el intento de aprobar una ley que en la práctica convertiría a República Dominicana en el traspatio de estampidas migratorias provocadas por la crisis de Haití.
Aun con la retahíla de que ese proyecto responde a compromisos internacionales y de que será reintroducido en un plazo no mayor de 45 días, el Gobierno promete que no aceptará acuerdo o norma que convierta al país en receptor de migración generada por inestabilidad política en Haití.
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Lo que se critica es que medio de la humareda provocada por ese despropósito, Gobierno y clase política se fueron de juerga electoral, con un país repleto de urgencias y necesidades que requieren mayor atención de gobernantes, partidos, empresariado y sociedad.
Sin importar que la población tenía los ánimos en el suelo a causa de esa iniciativa de ley, banderines multicolores fueron exhibidos durante el fin de semana por toda la geografía nacional, en deprimente muestra de indiferencia respecto a una agenda atiborrada de problemas que requieren la atención de gobierno y oposición.
En vez de insistir en el debate sobre lo nocivo que sería esa propuesta legislativa, la oposición política también se atavió de máscara para participar en el carnaval comicial, donde mansos y cimarrones distribuyeron rimbombantes promesas electorales.
Con el liderazgo político inmerso en rumba y bailes proselitistas, la población tuvo que lidiar por sí sola con la desalentadora noticia de que metrópolis y organismos internacionales vuelven a presionar para que República Dominicana asuma la obligación de acarrear la crisis haitiana, esta vez a través de una ley.
Reconforta saber que ayer mismo, el presidente Abinader dispuso retirar del Congreso ese proyecto, antes de que literalmente la sangre llegara al río, pero gobierno y clase política deberían aprender como lección que no todo puede degradarse a chercha electoral.
