El 2020 ha sido un año atípico. La pandemia de la covid-19 llevó el sistema sanitario global al límite; forzó el confinamiento de millones de personas y reveló las precarias bases del sistema económico, panorama al que se sumó un complejo calendario de elecciones, alterado por el fracaso del sistema de voto automatizado y por las restricciones de movilidad y aglomeración para evitar grandes brotes de contagio del nuevo coronavirus.
El desafío político y electoral fue mayúsculo.

Se trató de proceso condicionado por las fallidas elecciones municipales del 16 de febrero, cuando el sistema de voto automatizado, el cual ya había despertado dudas razonables en el proceso interno de los partidos el 6 de octubre del 2019, impidió que más de la mitad de los inscritos pudieran efectivamente ejercer su voto de manera libre, ágil y segura, lo que obligó a la cancelación del torneo electoral.

Más tarde, se pactó una nueva fecha: 15 de marzo, ya con la pandemia causando estragos en todo el mundo y en nuestro país. Aquel domingo se reparó el impedimento del derecho constitucional al sufragio, lo cual fue refrendado el 5 de julio en las elecciones extraordinarias del nivel congresual y presidencial. La democracia había prevalecido.
Así y todo, República Dominicana cierra un año con más esperanza que con la que comenzó.

Desde la noche del 5 de julio, cuando los resultados en favor de Luis Abinader eran irreversibles, el ambiente cambió, la democracia tuvo un respiro y la institucionalidad una nueva oportunidad, en función de que era evidente que la voluntad popular se había respetado.

Las primeras señales del presidente Abinader y del Partido Revolucionario Moderno han sido inequívocas. El presidente ha pedido un sacrificio a los partidos, de reducir en un 50% el presupuesto del próximo año, debido a la crisis económica y ante la enorme oportunidad de sentar las bases de la buena política, la que dé el ejemplo.

Por igual, se ha procurado máxima transparencia en el proceso de elección de jueces de órganos tan elementales como la Junta Central Electoral, ante lo cual tuvimos una posición clara desde nuestra vereda política: independencia de los partidos y fiel cumplimiento del proceso establecido por el Senado de la República.

En consecuencia, en visita a los jueces de la JCE, en el PRM hemos dado un voto de confianza, porque tenemos la convicción de que, para fortalecer la democracia, esta debe ser legitimada con árbitros creíbles, que respondan a la imperiosa necesidad colectiva de recuperar y regenerar en su totalidad la sagrada institucionalidad.

Salvo excepciones, la sensación general del resultado de la nueva JCE ha sido favorable, según los números que arrojó la más reciente encuesta Gallup-HOY, con un 59% de apoyo. A partir de ahora, dependerá de su labor responder a esa confianza y legitimarla con resultados tangibles en favor de la democracia.

Por: Orlando Jorge Mera

orlandojorgemera@yahoo.com