La necesidad de crear una nueva institucionalidad en el país surge en cada episodio de mayor o menor trascendencia en los cuales se vinculan personas o sectores sociales. Siempre la misma desilusión, idénticos entorpecimientos al no recibirse, de las puertas que se tocan, respuestas enmarcadas dentro de un catálogo previo establecido por normas que ofrezcan garantías de soluciones adecuadas a las problemáticas.

Todas las situaciones se colocan bajo relación de dependencia de criterios ajenos a lo que debe ser una estructura organizada en función de reglas claras y aplicadas al margen de consideraciones y circunstancias a las que solo parte reducida de la población tiene acceso. Que si el dinero, que si el personaje, que si las relaciones. En fin, una larga cadena de variables capaces de manipular en favor o en contra el más dramático o simple suceso.

Los procesos electorales constituyen ejemplos señeros de lo que afirmo. La población electoral, los candidatos, e incluso los que terminan siendo elegidos, concurren a un certamen tutelado por una institución y por funcionarios desprovistos de las características esenciales de lo que es un auténtico sistema de arbitraje en toda la dimensión de lo que esas palabras implican.

Arbitrar disputas supone un nivel de capacidad, imparcialidad, sentido de justicia e inteligencia emocional que proporcionen las herramientas necesarias para asumir en cada etapa del proceso decisiones y actitudes cuya única motivación sea el intento por hacer prevalecer la verdad. Eso no suele encontrarse con frecuencia.

Si a esa dificultad se agrega el hecho de que se constituyen engranajes arbitrales con el deliberado propósito de que respondan a intereses vinculados con las conveniencias políticas que determinaron la selección, entonces el resultado desastroso estará asegurado.

Un desafío de esta nación en lo inmediato es dotarse de una institucionalidad en aptitud de imponerse por encima de parámetros perniciosos, que haga producir a los acontecimientos las consecuencias correspondientes.

Eso supone el establecimiento de un nuevo paradigma de arbitraje, entendido como la refundación de organismos llamados a asumir un papel de mediación entre intereses encontrados. Esta característica no es exclusiva de la JCE. Abarca las altas cortes, procuraduría general, cámara de cuentas, contraloría, sistemas de compra y contratación de bienes y servicios. Es decir, entidades ante las cuales concurran ciudadanos o grupos a ser contrastados con otros. A esa especie de competidores, debe ofrecérsele la certeza de que sus casos serán decididos por méritos y por nada más.