Aunque el expediente se instrumentó en el 2017, en el año que concluye el caso más sonado en el ámbito judicial ha sido el de Odebrecht, una entramada que develó la corrupción en el Estado, involucrando a funcionarios del Gobierno, legisladores y empresarios privados en los 92 millones de dólares que repartió la constructora brasileña para lograr aprobación concesiones y adjudicación de obras.
Ha sido uno de los procesos más complejos y accidentados, no solo por la cantidad de imputados, sino por todas las aristas que se han cernido en las diferentes etapas procesales y los constantes ataques hecho por la defensa a las actuaciones del Ministerio Público y a decisiones emanadas del juez especial de la Instrucción de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco.
En el país, el movimiento Marcha Verde se empoderó de la demanda de exigir al Ministerio Público investigar y someter a la justicia a los imputados de recibir los sobornos.
Antecedente
El 21 de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos reveló al mundo el entramados de actos de corrupción encabezados por Odebrecht, en varios países de América Latina, incluyendo a República Dominicana.
El 26 de diciembre del mismo año, el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, emplazó a las instituciones oficiales para que en un plazo de 48 horas entregaran copias de los contratos suscritos con Odebrecht desde el 2001.
En enero de 2017, el Ministerio Público allanó las oficinas de Odebrecht en Santo Domingo, requisa que duró más de cinco horas. Se reportó que al menos 25 cajas de documentos fueron retiradas de las instalaciones de la empresa.
Entre enero y marzo, más de 25 personas fueron cuestionadas y llamadas para presentar informaciones sobre el caso, incluidos el representante de Odebrecht en el país.
Allanamientos
Eran las 6:00 de la mañana del 29 de mayo del 2017, cuando un equipo de fiscales y procuradores adjuntos iniciaron los arrestos de 14 personas, entre ellos, empresarios, políticos y un abogado notario.
Fueron detenidos inmediatamente diez de los imputados; además, la Procuraduría General solicitó a Interpol la detención del ingeniero y funcionario Bernardo Castellanos de Moya, quien al regresar al país fue favorecido con un no ha lugar.
La Procuraduría solicitó ante la Suprema Corte de Justicia una medida de coerción preventiva de 18 meses.
Al principio fueron encartados como imputados el entonces ministro de Industria y Comercio, Juan Temístocles Montás Domínguez, Julio César Valentín Jiminián, Ramón Radhamés Segura, los extitulares de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estales, Radhamés Segura y César Sánchez , así como Máximo D’Oleo Ramírez y Ruddy González, exdiputado, quienes fueron favorecidos con un no ha lugar que lo dejó en libertad.
En tanto que fueron enviados a juicio de fondo el empresario Ángel Rondón, Conrado Pitaluga, Víctor Díaz Rúa, Juan Roberto Rodríguez Hernández, Andrés Bautista García y Tommy Galán.
La primera audiencia del Odebrecht, cuya primera audiencia se inició el 12 de septiembre y los incidentes concluyeron el 3 de diciembre pasado, mientras la lectura se realizó el 17 de este mes.
En su dictamen, el pleno de la Suprema decidió remitir a la segunda sala penal del alto tribunal el caso del senador Tommy Galán y declinar los expedientes de Ángel Rondón Rijo, Víctor Día Rúa, Andrés Bautista García, Conrado Pittaluga y Juan Roberto Rodríguez, a la jurisdicción de primer grado.
El movimiento cívico Participación Ciudadana, en su balance del 2019, se quejó que la corrupción sin castigo sigue siendo la norma en el país, ya que ninguno de los casos más sonados en los últimos años ha sido objeto de sanción en los tribunales, y que el Ministerio Público no cumple con su responsabilidad de investigar y perseguir las innumerables denuncias y evidencias de corrupción que son de conocimiento público.
La decisión de que la jurisdicción de primer grado conozca del juicio de fondo a cinco de los imputados, representaría una ventaja para ello, ya que en caso de no ser beneficiado con la sentencia en juicio de fondo, podrían recurrir en apelación o en casación.
UN APUNTE
Indagatoria
Una investigación encabezada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación analizó más de 13 mil documentos del sistema de comunicación secreto de la División de Operaciones Estructuradas de la constructora Odebrecht, 19 medios de América Latina y Estados Unidos.
Investigación comenzó en EU diciembre 2016
El 21 de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos dio a conocer los actos de corrupción encabezados por Odebrecht, en varios países de América Latina, incluyendo a República Dominicana.
En principio el caso fue una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, junto con otros países de América Latina sobre la constructora brasileña Odebrecht, en la que se detalla que la misma habría realizado coimas de dinero y sobornos, a presidentes, expresidentes y funcionarios del gobierno de 12 naciones.
Los países mencionados fueron Angola, Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela durante los últimos 20 años, para obtener beneficios en contrataciones públicas.
Odebrecht creó una “Caja B” a finales del 2010 con el nombre de “Sector de relaciones estratégicas” para disimular la trama fraudulenta a través del reparto de soborno.
El 26 de diciembre del mismo año, el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, emplazó a las instituciones oficiales para que en un plazo de 48 horas entregaran copias de los contratos suscritos con Odebrecht desde el 2001.
En enero de 2017, el Ministerio Público allanó las oficinas de Odebrecht en Santo Domingo.
