Marcelo Odebrecht, heredero de la empresa constructora más grande del mundo, fue condenado en Brasil a 19 años de cárcel el 8 de marzo de 2016, acusado de corrupción activa, blanqueo de dinero y asociación criminal, pero fue el 21 de diciembre de ese año cuando el escándalo tomó matices internacionales tras revelarse que esta habría acordado con la justicia estadounidense pagar 2 mil 600 millones de dólares por sobornos a funcionarios de doce países de Suiza, América y África.
El caso Odebrecht se trató de una investigación que inició el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en la que se detalla que la empresa habría realizado sobornos a funcionarios de: Angola, Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela, durante los últimos 20 años, para obtener contratos de obras públicas en estas naciones.
Mediante los acuerdos arribados en los tribunales de New York, en los que se excluía de ser procesado judicialmente cualquier funcionario de la empresa constructora, Odebrecht se comprometió a pagar 2 mil 390 millones de dólares en Brasil, 116 millones en Suiza y 93 millones en Estados Unidos. El proceso se llevó a cabo en un tribunal del condado de Brooklyn y la sentencia fue emitida por el juez Raymond Dearie.
Esa sentencia destapó la caja de Pandora del caso Odebrecht y en un efecto dominó empezaron abrirse investigaciones en todos los países latinoamericanos mencionados en los informes del Departamento de Justicia estadounidense.
Alertadas por los Estados Unidos, las autoridades del Principado de Andorra, un pequeño país situado entre España y Francia, constituido en Estado independiente de derecho, democrático y social que ha funcionado por años como paraíso fiscal, inició una investigación que arrojó que a través de la banca privada de esa nación, Odebrecht habría pagado 200 millones en sobornos a 145 políticos y funcionarios de Latinoamérica.
Pese a que los empleados del Departamento de Complimiento de la Banca, donde era blanqueado el dinero, alertaron del alto riesgo de las personas políticamente expuestas presentadas por Odebrecht a sus ejecutivos, estos hicieron caso omiso y procedieron a aperturarles cuentas.
Las investigaciones concluyeron que la Banca Privada de Andorra (BPA) y el Meinl Bank de Antigua y Barbuda fueron las principales instituciones financieras utilizadas por la compañía Odebrecht para pagar los sobornos a funcionarios de doce países a fin de conseguir la adjudicación de obras públicas.
Pero también las pesquisas llevadas a cabo por autoridades policiales y judiciales de Andorra revelaron que Odebrecht utilizó las sociedades off shore Aeon Group y Klienfeld Services Limited para pagar sobornos a políticos y funcionarios y que gestores de la BPA constituyeron sociedades en Panamá para ocultar los dueños reales de las cuentas.
En Perú fue donde los vientos huracanados de la tormenta Odebrecht golpearon con más fuerza, provocando la renuncia del presidente en funciones Pedro Pablo Kuczynski y procesados los expresidentes Ollanta Humala y Alejandro Toledo. El expresidente Alan García se suicidó agobiado por las persecuciones en su contra debido a este caso.
En República Dominicana fueron sometidos a juicio de fondo el empresario Ángel Rondón Rijo, quien afirmó que los 92 millones que fueron entregados a él fue por concepto de servicios como representante comercial de la empresa brasileña; también Conrado Pittaluga Arzeno, el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, el senador Tommy Galán Grullón, Juan Rodríguez Hernández y el dirigente político Andrés Bautista García.
De igual forma están siendo procesados funcionarios y empresarios en Argentina, Panamá, Brasil, Colombia, México, Guatemala y Venezuela. Además se llevan a cabo investigaciones en Mozambique y Angola.
El autor es escritor, periodista e ingeniero.
