No hay que mandarlo a decir con nadie. Con los antecedentes de los escándalos de sobornos el temor es que se repita la historia con la operación Lobo para perseguir pagos por contratos en oficinas públicas.

Los escándalos terminaron sin condena por falta de pruebas. Al fin y al cabo, los que participaron en los casos Odebrecht y los aviones Tucano son los mismos que esta vez persiguen pagos ilícitos en las Ede, Senasa y el Inaipi.

Incluso hasta el guion es parecido al darse cuenta de la realización de 15 allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional y Santiago, durante los cuales se detuvo a 14 personas, con la intervención de 26 fiscales y 189 agentes de la Policía.

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A través de un operativo denominado Lobo, la Pepca dice que desmanteló una supuesta estructura que pagaba sobornos para agenciarse el servicio de seguridad privada en las oficinas.

El Ministerio Público dice que actuó sobre la base de una denuncia que había recibido y le tramitó la directora de Ética Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch.

Si se trata de una supuesta red que sobornaba para los contratos se supone que los involucrados tenían algún poder de decisión en las oficinas afectadas.