En un extenso documento del Departamento de Estado sobre la Trata de Personas figuran dos graves acusaciones de Estados Unidos a República Dominicana: la de que aquí se asienta la mayor población apátrida del hemisferio occidental y que se promueve trabajo forzado de adultos en la construcción, agricultura y los servicios.
Washington afirma que al menos 135 mil “dominicanos de ascendencia haitiana” tienen la condición de apátridas y vulnerables, lo que atribuye a una aplicación inadecuada de una ley promulgada en 2014 para proporcionar documentos de ciudadanía o naturalización a esas personas.
Ese informe atribuye los supuestos trabajos forzados de adultos a la precaria situación legal “de dominicanos de ascendencia haitiana, el miedo a la deportación y la discriminación”, lo que aumenta “el riesgo de que sean víctimas de la trata y de abusos laborales, incluso en la industria azucarera”.
Estados Unidos carece de calidad jurídica para juzgar en forma bilateral a otra nación sobre situaciones que sus autoridades estimen violatorias a los derechos humanos o a cualquier normativa del derecho internacional, por lo que sus denuncias, acusaciones o quejas deben ser expuestas ante organismos multilaterales relacionados con esos casos.
Constituyen verdaderas infamias las afirmaciones del Departamento de Estado, de que República Dominicana tiene el mayor asentamiento de apátridas del hemisferio occidental y de que aquí se promueve el trabajo forzado en sectores vitales de la economía, que dice subyuga a “dominicanos de ascendencia haitiana”.
Así como la Corte Suprema de Estados Unidos revocó la sentencia Roe versus Wade, que reconocía el derecho constitucional al aborto, el Tribunal Constitucional Dominicano otorgó como principio sustantivo mayor relevancia al ius sanguinis (derecho de sangre), sobre el ius solis (derecho de suelo), al amparo de lo cual estableció que la nacionalidad de los hijos de indocumentados corresponde a la de sus padres.
No puede existir la figura del apátrida cuando las personas que en el informe se definen como “dominicanos de origen haitiano”, poseen por derecho constitucional la nacionalidad haitiana y cuando el Estado dominicano les proporciona y financia vías de derecho para que legalicen su estatus migratorio.
Estados Unidos no guarda apariencias y exhibe a plena luz del sol sus clarísimas intenciones de pretender mediante denuncias y acusaciones afrentosas y difamatorias, obligar a la patria de Duarte a convertirse en la solución al drama haitiano por vía del desenfreno migratorio y de antojadiza y conveniente definición de nacionalidad.
