Si no se ha desinflado, deja mucho que desear la larga pausa en la investigación iniciada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) sobre los negocios en el sector eléctrico de un cuñado del expresidente Danilo Medina.

Tras la determinación de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas de que Maxi Montilla no violó la ley 340-06 como suplidor del Estado, el caso ha tomado un nuevo giro con las querellas presentadas contra él por otros sectores.

La persecución política, como se aireó en un primer momento, es descartada por los representantes legales de Montilla, quienes han catalogado la congelación de las cuentas bancarias y otras querellas como parte de un conflicto de interés entre suplidores del sector eléctrico que presionan al Ministerio Público.

La verdad es que Montilla, hermano de Cándida Montilla, no ha sido detenido ni acusado por ningún contrato irregular en el sector eléctrico. Tampoco se le ha relacionado con la “Operación Antipulpo”.

Con la certeza que tienen los representantes de Montilla de que la persecución es atizada por competidores en el sector, es obvio que el escándalo adquiere otro matiz.