Una lectura atenta del documento de Pacto Eléctrico propuesto por el Gobierno permitiría descubrir que el mismo, a pesar de su extensión y nobles intenciones, no contiene propuesta realista de solución de las causas principales de la crisis del sector eléctrico dominicano.

Las razones principales del PRM se basan en las distorsiones inaceptables de algunas propuestas del documento y en el rechazo de plano que hizo el Gobierno a todas las propuestas presentadas por los técnicos del partido.

Primero, el documento del pacto aborda a partir de la página 29 el tema de las pérdidas de las distribuidoras, la reformulación de la tarifa y la reducción de los exagerados gastos operativos de las distribuidoras.

En esa mezcla aparentemente lógica se termina proponiendo que para reducir los exagerados costos operativos de las distribuidoras a un mínimo de 10% respecto a sus ingresos se requerirían inicialmente seis años, tiempo a partir del cual se haría otra evaluación para llevarlo a estándares internacionales que oscilan entre 6% y 8%. Actualmente los costos operativos de nuestras distribuidoras promedian el 20% de sus ingresos.

Los datos de la tabla incluida en la página 31 del documento del Pacto indican que la reducción de los costos respecto a los ingresos se haría a un ritmo promedio de 1.2% por año, por lo que para bajar el indicador a 6 y 8% requeriría aproximadamente diez años.

¿Por qué hay que esperar entre seis y diez años para reducir el personal superfluo y nominillas políticas?
De igual manera, el documento del Pacto propone una tarifa de transición, no técnica o eficiente, por cuatro años y luego otra tarifa también transitoria llamada de referencia por cuatro años más, antes de entrar en vigencia la tarifa técnica [ver páginas 37-41 del Pacto] que sería la que refleje los costos de producir un kilovatio hora de energía. La ley de electricidad exige desde el 2001 la aplicación de una tarifa técnica.

Las tarifas de transición – nunca tan largas- fueron típicas durante los inicios de las reformas eléctricas en América Latina en los 80s y 90s, pero son un anacronismo en una reforma que, como la capitalización, lleva 20 años en ejecución.

Segundo, la ineficiencia y el dispendio exagerado de las tres empresas distribuidoras debido, principalmente, a que las mismas han sido administradas con abierto clientelismo político y como un botín del partido gobernante.

Se esperaba que el Pacto Eléctrico propondría cambios radicales en la manera de designar y conformar el cuerpo gerencial de esas empresas para lograr su despolitización. Pero no lo hizo. Más aún, en el punto 5.3.12 de la página 12 del documento se consigna que:

“Se recomienda que las Empresas de Distribución de Electricidad de propiedad estatal tengan un Consejo de Administración integrado por siete miembros, designados por el Poder Ejecutivo (…)”.

Exactamente lo mismo que tenemos hoy y que se ha repetido desde la capitalización de la CDEEE en el 1999: Edenorte, Edesur y Edeeste tienen cada una un Consejo de siete (7) miembros, que son nombrados por decreto presidencial. Entonces, el Pacto propone seguir igual.

Por su lado, el PRM propuso que se fusionaran los tres consejos de administración de las distribuidoras en uno solo y que sus miembros sean seleccionados mediante concurso público de oposición. Esas propuestas fueron rechazadas por el Gobierno.

Tercero, el modelo de mercado mayorista, conformado por el mercado de contratos y el mercado spot y sus transacciones de compra y venta de energía y potencia con las empresas distribuidoras, según el esquema implantado por la capitalización, carece de incentivos y condiciones estructurales suficientes para garantizarle al sistema la atracción de inversiones privadas a tiempo y de adecuada tecnología y tamaño.

En tal sentido, el PRM esperaba que en la propuesta de Pacto eléctrico ese problema sería abordado a profundidad, con iniciativas innovadoras, a los fines de corregir tan grave falla estructural del mercado.
Sin embargo, el famoso Pacto del Palacio no propone nada al respecto.

En ese sentido, el PRM propuso que se consignara en el Pacto un amplio programa de licitaciones calendarizadas por varios años de nueva energía y potencia. Las licitaciones las harían las distribuidoras como dispone la Ley de electricidad, pero las inversiones las harían firmas privadas. Esas propuestas también fueron rechazadas por los representantes del Gobierno.

Cuarto, el PRM propuso una modificación al mecanismo de designación del consejo de reguladores en la Superintendencia a los fines de limitar la absoluta discrecionalidad del poder político en su designación, así como otras medidas para reducir su directa dependencia económica de las empresas públicas y privadas bajo su supervisión.

Un Apunte

Todo igual

Las propuestas del PRM fueron rechazadas y en su lugar se hizo consignar en la página 12, que la administración de la Superintendencia de Electricidad corresponderá a un Consejo integrado por 1 presidente y 2 miembros designados por el Poder Ejecutivo. Igual que ahora

En Números

20%
De los ingresos
de las distribuidoras de electricidad se gasta en la parte operativa, mientras el Pacto contempla un período de hasta 10 años para su reducción.