A estas alturas resulta muy cuesta arriba tratar de predecir las acciones de corto plazo del Presidente reelecto, aunque sean bastante evidentes las necesidades inmediatas de su próximo período. La mayor pregunta, o temor, actualmente recae sobre las necesidades de fondos por parte del gobierno para cubrir sus obligaciones y ejecutar sus gastos que necesariamente van a conllevar la celebración de un pacto o reforma fiscal.

En el medio de la campaña el Presidente Medina elevó las esperanzas de reformas importantes en la parte del gasto público como base fundamental de cualquier propuesta de aumento de impuestos, lo que por sí solo sería suficiente como para plantear la realización de un Pacto Fiscal real, con una participación activa y colaborativa de la sociedad civil y los partidos de oposición.
Sin embargo, es difícil desde la actual perspectiva determinar el alcance de esas reformas y qué tan lejos estaría dispuesto a ir la actual administración en la ejecución de esos recortes en el gasto.

La realidad es que cualquier reducción del gasto va a arrastrar un costo político cuya dimensión sería tan grande como tan grande resulte el recorte, y aún es muy temprano para medir correctamente el apetito del Presidente Medina para con ese riesgo.

Lo que sí resulta evidente es que estamos llegando un punto de inflexión respecto de la capacidad de la población a pagar más impuestos, o al menos de la población que lo ha venido haciendo en estos años. Y es por ello que todo enfoque de política fiscal que se plantee en un eventual pacto debe necesariamente incluir una reducción drástica en los costos tributarios para hacer negocios en nuestro país.

La alta informalidad y las exenciones impositivas excesivas son la principal causa del actual descalce impositivo que obliga a nuevos reajustes fiscales cada 3 o 4 años, y mantiene insostenible el manejo actual de las finanzas públicas. Es por ello que cualquier reforma necesariamente debe orientarse a reducir los costos tributarios de la formalidad, y a hacer menos dependientes de exenciones fiscales a nuestras industrias y servicios.

Muchos suenan alarmados el temor por el Pacto Fiscal, y dado a que no hay tiempo suficiente para realizar uno de manera apropiada antes del mes de octubre, cuando se deberá presentar el Presupuesto del año 2017, no se puede decir que los temores son infundados. Quizás llegue a alcanzar el tiempo, o quizás el Gobierno opte por manejarse en el 2017 con la actual estructura impositiva apuntando a implementar lo acordado en el Pacto Fiscal para el Presupuesto del 2018.

La realidad es que aún resulta muy difícil prever las acciones de la actual gestión, y no sería juicioso tratar de aventurarnos en especulaciones. La reforma va, cuando y en que forma, aún es difícil saberlo.