Lo proclamado en Nueva York por el presidente Luis Abinader, de que primero muerto antes que ceder a la corrupción, impunidad, narcotráfico y criminalidad, debería repercutir en el más recóndito rincón de República, porque se trata de un vehemente llamado a librar la decisiva batalla contra esos flagelos.
El mandatario ha dicho que nunca va a renunciar, “no importa lo que cueste”, al compromiso que ha contraído de combatir la prevaricación y promover la independencia del Ministerio Público, por lo que advirtió a sus funcionarios que deben manejar con pulcritud los fondos públicos.
Por los expedientes que hoy se conocen en justicia, las expresiones del Presidente no deberían interpretarse como cuentos de camino, sin importar si los violadores de la ley son o han sido narcotraficantes o depredadores del dinero público.
El tiempo dirá las motivaciones que tuvo el jefe de Estado para decir lo que dijo ante centenares de inmigrantes dominicanos reunidos en el Teatro United Palace, de Nueva York, el congresista Adriano Espaillat y otros legisladores, pero el contenido de ese mensaje estuvo más claro que el agua.
Llama la atención que junto a su promesa de combatir la corrupción, el narcotráfico y la criminalidad, el mandatario previno que es posible que en algún momento las cosas se pongan más difíciles, pero “para ponerse mejor”, además de señalar que “es limpiando que estamos en nuestro país”.
No hay que estar de acuerdo con el criterio presidencial de que República Dominicana es hoy “un oasis de la democracia y la institucionalidad”, pero sí de que se llegaría a esa condición con el combate contra todas las expresiones de crimen y delito.
No es común escuchar a un jefe de Estado advertir que prefiere la muerte antes que ceder a la corrupción, impunidad, narcotráfico y criminalidad, por lo que la sociedad dominicana debería recibir tal señalamiento como una férrea expresión de voluntad política en afrontar esos males.
A lo dicho por el presidente Abinader sólo se agregaría la aspiración de la ciudadanía de que el Gobierno sea efectivo garante del régimen de derecho, que Ministerio Público y Servicio Judicial midan por igual a todos los ciudadanos y que el régimen de consecuencia penal se aplique a todos los violadores de la ley, sin distingo político, económico o social.
