Con la Operación Falcón en el país, desarrollada por el órgano de Persecución de la PGR, con la DEA y la DNCD, en estos últimos días, queda claro que, en nuestro país, el crimen organizado está instalado en la práctica política.

Y no es de ahora, por lo menos, desde José Figueroa Agosto, Rolando Froilán Pérez, Quirino Ernesto Paulino Castillo, hasta César Emilio Peralta (César el Abusador), y ahora, con nuevos representantes, tenemos desde finales del siglo pasado conociendo el lado malo de la política partidista dominicana.

No nos hemos podido sustraer de esta invasión de los carteles de la droga y la corrupción en la región, teniendo en cuenta que somos un destino geopolítico estratégico que despierta las apetencias del crimen organizado como lugar de traspaso y también, de destino.

Ya para 2010, el economista argentino, Francisco Thoumi, en su ensayo acerca de la relación entre la corrupción y el narcotráfico, en la Revista de Economía del Rosario,

https://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/982), decía que la relación entre corrupción y el desarrollo de la industria de drogas ilegales y del narcotráfico en un país es circular, siendo la corrupción simultáneamente causa y efecto de dichos desarrollos. Y agregaba que, tanto la corrupción como el narcotráfico muchas veces son resultado de procesos de deslegitimación del régimen político y de deterioro de las instituciones sociales tanto civiles como oficiales y de la falta de capital social y confianza en la sociedad.

Argumentando que, la corrupción y el narcotráfico, muchas veces, son simplemente síntomas de problemas sociales más profundos.

Y aquí, hace años que lo sabemos, con pruebas siempre alojadas en la nebulosa del mismo Estado administrado por los diferentes partidos políticos, todos emporcados, en lo que siempre se terminó en “bola de humo”, esparcida en el tiempo y olvidada. Para recomenzar en lo mismo.

Todo esto sigue siendo escandaloso y esperamos que la escindida estructura se rompa, porque no podemos seguir aceptando el poder loco de las organizaciones políticas y sus prácticas que las convierten en cuevas de la delincuencia, sin control, con integrantes que buscan la inmunidad (impunidad), llevan las campañas políticas electorales a costos inimaginables para aupar a sus grupos corruptos.

Esta situación de corrupción reforzada cada vez más, afecta desproporcionadamente a las poblaciones vulnerables, perjudicando más crudamente a las personas en pobreza, de cualquier tipo, económica o de poder, especialmente a las mujeres.

Así ya no se puede: es hora de cuestionar la validez de los partidos en el rol democrático de la representación.

Por: Susi Pola
susipola@gmail.com