Instituciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU) presionan a República Dominicana para que acepte la instalación aquí de centros de refugiados haitianos, suspenda repatriaciones de indocumentados y autorice el uso del territorio nacional para futuras operaciones de avituallamiento a una eventual fuerza de pacificación en Haití.
Las agencias de la ONU para los Refugiados (Acnur), el Consejo de los Derechos Humanos, Organización Internacional de las Migraciones (OIM) y hasta la Organización Mundial de la Salud (OMS) abordan la crisis haitiana desde una perspectiva que compromete al país a asumir los daños colaterales de ese drama.
Hasta el portavoz del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió al gobierno dominicano que evite las deportaciones forzosas y respete los derechos humanos de los haitianos, sin presentar evidencia de que aquí se realizan repatriaciones en masa.
Los representantes de esas agencias de Naciones Unidas insisten en presionar al gobierno del presidente Luis Abinader para que ante el recrudecimiento de la violencia y la criminalidad en Haití, abra las compuertas fronterizas a decenas de miles de haitianos que en esencia huyen de la miseria tanto como del terror.
Los portones migratorios de Estados Unidos, Canadá y el Caribe han sido cerrados a los haitianos, para lo cual sus autoridades han dispuesto de reforzamiento policial y militar en puertos y puntos fronterizos, pero la ONU reclama que República Dominicana acepte instalar centros de refugiados en su territorio.
Mitigar la desbordada crisis de Haití tardará varios años y mucho más tiempo los asentamientos que mandos imperiales pretenden erigir en suelo nacional, lo que obviamente el Gobierno está en compromiso e ineludible obligación de rechazar, pase lo que pase.
A sabiendas de que el agravamiento de la violencia en Haití produciría un éxodo hacia República Dominicana, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) ha llegado al colmo de afirmar que “los haitianos deben beneficiarse de la protección de refugiados y no ser devueltos a su país”.
Sin importar si las presiones emanan desde Washington, Ottawa, París o Bruselas, el gobierno dominicano esta compelido a rechazar tajantemente la instalación aquí de albergues de refugiados o a que se use el territorio nacional como plataforma de involucramiento en la crisis haitiana. Sin importar las consecuencias.
