La persistencia del diputado Pedro Botello para que las Administraciones de Fondos de Pensiones (AFP) liberen el 30% de los depósitos en beneficio de los trabajadores resulta encomiable.

Que el proyecto convenga o no a los propios trabajadores o a la economía son otros quinientos.

Lo censurable en la lucha de Botello son los altos costos para la salud que pueden tener sus desafíos a los protocolos sanitarios para contener la pandemia de la covid-19.

Las manifestaciones que ha protagonizado en Higüey, Puerto Plata y Santiago, además de las vigilias que promueve, pueden servir de caldo de cultivo a la propagación del virus.

Pero que reuna firmas y exija a los congresistas que aprueben la devolución de los ahorros a los trabajadores nada tiene de criticable, no obstante la advertencia de especialistas, empresarios, líderes políticos y sindicales de que la iniciativa tendría resultados adversos para la economía.

O en otras palabras, que puede ser más cara la sal que el chivo. En su lucha contra la pandemia las autoridades no pueden tolerar, bajo ninguna circunstancia, las aglomeraciones ni que se vulneren los protocolos sanitarios a nombre de ninguna causa.