El Ministerio Público se mostró satisfecho con la medida de coerción impuesta a los policías, acusados del robo de más de 900 mil municiones de la institución del orden.

El procurador adjunto, Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dijo que la juez Fátima Veloz, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, valoró en su justa dimensión el comportamiento de cada uno de los imputados.

Declaró que esos agentes policiales, acusados de venderles municiones a bandas criminales haitianas, traicionaron el uniforme y la confianza que les dispensó el país.

Veloz les impuso 18 meses prisión preventiva a siete de los 10 acusados, a quienes envió a cumplir la medida en el centro de retención de militares de Operaciones Especiales, ubicado en Manoguayabo, Santo Domingo Oeste. Mientras que a los otros tres, se le impuso garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica.

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Los enviados a prisión por 18 meses son el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, intendente de la uniformada; el subintendente Juan Miguel Pérez Soler; el capitán Nelson Valdez, responsable del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos; el segundo teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio; el cabo Juan Luis Díaz Medina, los rasos Rubiel Martínez (Escobar) y Moreibín Medina.

Con relación a los otros cuatro imputados, al auditor Víctor Manuel Santos se le impuso garantía económica de tres millones de pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país, mientras que al sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat se le impuso el pago de una garantía económica de dos millones de pesos.

En tanto que a la civil Miguelina Bello Segura se le impuso arresto domiciliario. Tanto ella como Ángel Rubíer Martínez y Juan Luis Díaz Medina Segura llegaron a un acuerdo con el órgano acusador. Según la acusación del Ministerio Público, los acusados sacaron 908 mil municiones robadas en la Policía y vendidas en su mayoría a bandas de delincuentes haitianos.

Indica que estos proyectiles fueron sacadas en mochilas para evadir las cámaras de seguridad y no levantar sospecha, según se hace constar en la solicitud de medida de coerción.