Santo Domingo.- El administrador de la Lotería Nacional implicados en aptos de corrupción en la operación 13, Luis Maisichel Dicent, deberá ser sancionado.

Así lo manifestó el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, quien señaló, además, que el Ministerio Público agotará todas las vías procesales pertinentes para que se realice una correcta valoración de las pruebas condenatorias en contra del exadministrador de la Lotería Nacional.

“El Ministerio Público apeló, en este caso, que es Operación 13, contra el descargo que se dio en primer grado sobre Luis Maisichel Dicent, quien fue descargado por algo que nosotros hemos venido llamando la atención sobre la existencia de un doble estándar para valorar pruebas cuando se trata de corrupción y cuando se trata de otros casos”.

Camacho, quien habló con la prensa a su salida de la Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, expresó que el Ministerio Público persigue corregir una valoración errónea de la prueba y por ende que se anule la decisión del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, ya que las pruebas presentadas por el órgano persecutor demuestran la culpabilidad de cada uno de los acusados en este caso.

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En primer grado fueron condenados William Lisandro Rosario, a 7 años de prisión, y Eladio Batista, a 6 años, ambos deberán cumplirla en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, de San Cristóbal.

En tanto que Valentina Rosario, Jonathan Brea, Carlos Beriguete y Felipe Santiago Toribio, quienes admitieron los hechos, fueron condenados a cinco años de reclusión cada uno, tres en los CCR Najayo Mujeres y Najayo Hombres y dos suspendidos.

Miguel Mejía y Rafael Mesa fueron sentenciados a cinco años en la modalidad de pena suspendida.

Mientras que fueron absueltos y se dispuso el cese de la medida de coerción respecto al exadministrador de la Lotería Nacional, Luis Maisichel Dicent, y Edison Peralta, luego de que el tribunal acogiera de manera parcial la solicitud del Ministerio Público, decisión que está siendo apelada por el órgano persecutor del delito.