El riesgo es la probable materialización de algo indeseado. Puede ocurrir o no. En el caso de pérdida de confianza en la democracia, no es válido hablar de riesgo, porque se ha concretizado y amenaza con expandirse, dejando estelas de populismos; autoritarismos; dictaduras; retroceso del disfrute de derechos fundamentales; atropello de la institucionalidad por gobiernos generadores de mayores perjuicios que los que prometen erradicar.

El ciclo democrático está eclipsado en nuestra región. En procesos electorales vienen imponiéndose opciones radicalizadas, de derecha e izquierda, apologistas de una supuesta aversión a la política tradicional, que es un ardid para obtener provecho del hartazgo de poblaciones secularmente oprimidas, que se entregan al primero que las seduzca con cantos de sirena.

Ahora bien, lo que es preciso erradicar no es a esos forjadores de ilusiones falsas, sino a las causas que propician su vigencia. En ese contexto desolador, ir al rescate del sistema democrático es compromiso que todo ciudadano interesado en preservar los principios y valores de la democracia debe asumir como imperativo ineludible.

No se trata de este o aquel actor. Es tarea que deben plantearse en su integralidad todos los que, de una u otra forma, inciden en la construcción del devenir de las naciones: Su institucionalidad; sus protagonistas sociales; sus fuerzas productivas; políticos, quienes deben enfocarse en convertir su ejercicio en motivo de servicio social y de contribución a la solución de crónicas problemáticas; los ciudadanos, que deben asumir el rol llamado a jugar, para pasar de objetos de aprovechados, a sujetos de sus propios destinos.

Los órganos jurisdiccionales electorales constituyen pieza fundamental en el ajedrez político de los pueblos. Preservan derechos políticos de quienes intervienen en las luchas por el poder. Asignan la razón jurídica en litigios que dilucidan.

Sus decisiones son emitidas en distintas etapas de la calendarización de los certámenes electorales. Pueden excluir o incluir precandidaturas y candidaturas. Conocer amparos en su esfera de especialización. Avalar o descalificar eventos partidarios. Restaurar membresías partidarias.

Decidir impugnaciones contra resoluciones. Reclasificar posiciones en boletas. Impactar financiamiento a partidos. Ratificar o revertir alianzas, fusiones y coaliciones. Validar o negar reservas de candidaturas. Anular elecciones. Elementos todos importantes para el poder político.

Esa labor es de innegable trascendencia. En el ejercicio de sus competencias, los tribunales electorales pueden reducir o robustecer el desarrollo democrático. De ahí que sus sentencias deben ser cuidadosamente fundamentadas, para que sirvan al propósito para el que fueron creados.