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PGR reasume control de finca sobrino Quirino

PGR reasume control de finca sobrino Quirino

SAN JUAN DE LA MAGUANA.- Utilizando un contingente de policías con armas largas, bombas lacrimógenas y chalecos antibalas, la Procuraduría General de la Republica reasumió ayer la administración y control de una finca de 900 tareas y una factoría de arroz, de la que había sido desalojada el sábado pasado.

Esos inmuebles, cuya propiedad reclama Rafael Castillo, sobrino del condenado por narcotráfico Quirino Ernesto Paulino Castillo, fueron rentados junto a otras cuatro fincas, que totalizan unas 3,500 tareas, al empresario e ingeniero Carlos de los Santos, por cinco años.

La finca y la factoría de arroz están en el kilómetro 14, carretera San Juan-Las Matas de Farfán, a la entrada de la sección Punta Caña, allí se presentó el fiscal adjunto Manuel Bello Orozco, acompañado de un contingente policial al mando del mayor Víctor Rosario, y violentaron el portón, rompieron los candados, penetraron a las instalaciones y reasumieron el control del inmueble.

Los doctores Antoliano Rodríguez y Héctor Ortiz (Cheo el Blanco), abogados de Rafael Castillo, calificaron de “grosera, arbitraria y violatoria, la acción del principal organismo del Ministerio Público, porque nuestro defendido fue favorecido con tres sentencias, incluyendo la 322-14-00259, del juez doctor Robert Antonio de Aza Batista, de la Cámara Civil, que solicita la fuerza pública, para el desalojo, a la Procuraduría General de la República”.

Castillo, afirma ser el propietario de esos inmuebles, que los adquirió en el 2002, dos años antes del apresamiento de su tío, que una gran parte de las tierras que trabajaba su familiar eran rentadas y puesta a producir pastos para alimentar el ganado de su desaparecida Hacienda Ganadera Belkis Elizabeth, que opera en el distrito municipal de Pedro Corto”.

Durante el desalojo los empleados en el interior de esas instalaciones no ofrecieron resistencia.

Rodríguez y Ortiz anunciaron que recurrirán el desalojo por antes instancias judiciales competentes para hacer valer las dos sentencias que reconocen la posesión de las 900 tareas y la factoría de arroz, del señor Rafael Castillo.

El Nacional

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