El jurista Ramón Antonio Veras (Negro) sugirió este martes al presidente de Leonel Fernández y al Congreso legislar para que se castigue judicialmente a los presos que desde las cárceles mandan a cometer crímenes, como ocurrió con el caso de su hijo Jordi Veras Rodríguez.

La petición de Negro Veras está contenida en una correspondencia enviada al presidente Leonel Fernández; al presidente del Senado, Reynaldo Pared Pérez, y al presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez Durán.

Lo que motiva la presente es llevarles la idea de que tomando en consideración el nuevo fenómeno delincuencial del sicariato en la ejecución de crímenes por encargo de internos, se impone avocarse a estudiar la posibilidad y necesidad de legislar para hacerles frente a los que, estando cumpliendo condenas, pagan a terceros para satisfacer sus pretensiones criminales, dice Negro Veras en su correspondencia.

Explica que históricamente, cada sociedad se ha dado las leyes que responden a una necesidad actual.

Precisamente, el desarrollo de la criminalidad por encargo, operación delincuencial de factura nueva en nuestro medio social, debe servir de motivación para que ustedes impulsen disposiciones legales que garanticen a las dominicanas y dominicanos que aspiran y merecen vivir bajo un ordenamiento jurídico que haga posible la vida sin incertidumbre ni temor, manifiesta Negro Veras.

Recuerda que el 02 de junio del 2010, su hijo Jordi fue objeto de una tentativa de asesinato por parte, entre otros involucrados, del empresario Adriano Román, quien se encuentra preso en la cárcel de Santiago cumpliendo condena por sentencia definitiva de 20 años. En el intento de asesinato contra mi hijo, el señor Román, reincidente haciendo esa clase de encargos, utilizó a personas pagadas, que se alquilan a título de sicarios, dice Negro Veras en la comunicación.

Advierte que el tipo de concierto delincuencial elaborado y financiado desde la cárcel por Román contra Jordi Veras, en cuya ejecución se emplearon sicarios, también se ha utilizado en los últimos tiempos de forma alarmantemente reiterativa para eliminar físicamente a otros dominicanos, por querellas y malquerencias de diversas índoles.

Esto pone en evidencia que estamos ante una nueva modalidad criminal, que no está presente con sus especificaciones más agravantes en el vigente Código Penal Dominicano, observa el abogado.

Entiende que la dirección de operaciones criminales desde los centros carcelarios revela que la sociedad dominicana precisa de la creación de instrumentos legales para su defensa, tipificando el sicariato; modificando el principio del no cúmulo de penas en el caso de delincuentes que desde la cárcel insistan en agredir a la sociedad mediante el empleo de sicarios.

Para eso se hace pertinente, añade, una reforma legal que sirva de base para el comportamiento de los internos en las cárceles, entre otras medidas necesarias para hacerle frente al fenómeno criminal del sicariato, cuyo auge y consolidación tendrían consecuencias lastimosas para el país y sus instituciones y la calidad de vida de los dominicanos.