La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) solicitó a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) derogar la Norma General número 13-2011, que pretende obligar a las instituciones bancarias y financieras a retener el 1% de los intereses que devengan las empresas por sus depósitos.

En un comunicado que circulará este lunes, la entidad advirtió que la medida contiene irregularidades formales y materiales que afectan su validez jurídica y está contra el Código Tributario, la plataforma legal sobre la cual actúa la agencia recaudadora del Gobierno.

La FINJUS apuntó que si bien el artículo 309 del Código Tributario concede facultad a la DGII de emitir normas generales para establecer que las personas jurídicas actúen como agentes de retención, también veda la posibilidad de que esa potestad reglamentaria alcance los dividendos y los intereses percibidos de las instituciones financieras, de los administradores de fondos de pensiones y de las empresas intermediarias del mercado de valores.

Es así que la Norma General No. 13-2011 traspasa los límites materiales autorizados por la norma legal que le sirve de sustento, porque la ley tributaria excluye expresamente la posibilidad de que la DGII convierta las entidades de intermediación financiera en agentes de retención de los pagos por concepto de dividendos e intereses que realicen a otras personas jurídicas, sostuvo.

Lamentó que, además de ser una decisión que contradice la ley, la norma de la DGII fuera adoptada sin haberla publicado previamente ni someterla a consulta pública para que todas las personas interesadas expresaran oportunamente sus observaciones. A juicio de la FINJUS, esto significa que la adopción de la referida norma ha sido formalmente irregular.

La adopción de la Norma General 13-2011 no sólo es una violación del ordenamiento jurídico del Estado, sino que representa una inyección directa de riesgo e inestabilidad que afecta la seguridad jurídica de las entidades de intermediación financiera en momentos donde los mercados de todo el mundo todavía se encuentran inmersos en una crisis financiera de proporciones incalculables, advierte el comunicado de la entidad de la sociedad civil.

Consideró que con su disposición la DGII procura indirectamente información cuya entrega solo puede ser autorizada en base a una norma de rango legal. Esto es sumamente grave porque la entrega de esa información podría acarrear demandas de los usuarios a las entidades de intermediación financiera por violación del artículo 56 literal b de la Ley Monetaria y Financiera, que consagra el secreto bancario.

La ley establece que adema´s de las obligaciones de confidencialidad derivadas de las buenas pra´cticas y usos bancarios, las entidades de intermediacio´n financiera tienen la obligacio´n legal de guardar secreto sobre las captaciones que reciban del pu´blico en forma desagregada que revele la identidad de la persona.