El Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) planteó que la nueva Ley de Agua, o de recursos hídricos, debe procurar tres cambios importantes, siendo el primero de ellos aclarar el papel y la responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con respecto a la política de recursos hídricos, la planificación de éstos y la protección de la calidad del agua.

El segundo sería la transformación del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) en un regulador (o la creación de una autoridad con esas funciones), administrando los derechos del agua y monitoreando tanto la calidad del agua en las cuencas/cuerpos de agua (dejando de lado su rol como desarrollados de infraestructuras y proveedor de agua del sector agrícola a otras instituciones).

Y en tercer lugar, establecer el marco regulatorio para los diferentes usuarios de gran volumen (es decir, agua potable y saneamiento, agricultura, manufactura, turismo, etc.).

La posición del INTEC está contenida en el documento Compromiso Nacional para un Pacto por el Agua 2021-2036, elaborado por especialistas de la entidad como propuesta a la discusión vigente sobre un pacto por el agua.

En el documento se establece que entre el 2000 al 2017, la cobertura de agua en República Dominicana pasó del 90% de los hogares al 97%; la tasa de acceso al saneamiento domiciliario pasó del 78% a 84% en el mismo período.

“A pesar de este gran progreso, existe una necesidad significativa de inversión adicional para cerrar la brecha de la calidad del servicio y la protección de los recursos de agua”, se destacó.

Llama la atención del INTEC de que para “asegurar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos”, el gobierno dominicano está estimando una inversión de ocho mil 500 millones de dólares en quince años.
Cuatro brechas
En el documento del INTEC se plantea que el agua potable y saneamiento en República Dominicana, presenta cuatro brecha, siendo la primera, que si bien el 84% de la población tiene acceso a saneamiento en general, menos del 20% tiene acceso a un sistema de alcantarillado con tratamiento de aguas residuales, y solo entre el 4 y el 7% de las aguas residuales producidas reciben tratamiento secundario.

“Incluso en las zonas urbanas la mayoría de las instalaciones están conectadas a fosas sépticas que, en algunos casos, contaminan el agua del nivel freático debido a su deplorable estado”, se indicó.

La segunda brecha se refiere a la calidad del servicio, ya que, solo alrededor del 35% de la población recibe servicio de agua 24 horas al día, 7 días a la semana.

En cuanto a la tercera brecha, es menos cobertura y menores estándares de servicio para las aguas rurales, y particularmente en las regiones más pobres, como la frontera con Haití.

Y por último, la falta de información suficiente y oportuna para la gestión del servicio de agua y la toma de decisiones, citando que por ejemplo, se estiman pérdidas de agua de hasta el 60%, pero los sistemas carecen de instrumentación para determinar la eficiencia real.

UN APUNTE

PRESAS

De las 32 presas existentes tienen una capacidad total de almacenamiento de 2,191 millones de metros cúbicos. El impacto de la sedimentación en los embalses asciende a una pérdida cercana al 1% del volumen total en promedio, según estimaciones del Indrhi.