Magistrados y especialistas en materia laboral, nacionales e internacionales, demandaron que las empresas establezcan protocolos obligatorios para prevenir el acoso, la violencia psicológica y los daños psicosociales en el trabajo.
Además, plantearon que los problemas de salud mental adquiridos en el ámbito laboral sean reconocidos por la Seguridad Social como accidentes de trabajo cuando exista nexo causal.
Los expertos sostienen que los trastornos derivados del estrés, el hostigamiento o el acoso deben ser considerados accidentes laborales si se demuestra que fueron provocados por el entorno laboral o por la conducta empresarial.
“Se requiere una investigación que constate el nexo causal del daño a la salud del trabajador, cuando este haya sido provocado por una actitud impropia de la empresa o por incumplimiento de obligaciones administrativas. En esos casos, el trabajador debe contar con la protección de la Seguridad Social, incluso con el recargo de prestaciones correspondiente”, afirmó María del Mar Pérez Hernández, encargada de Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Almería, España.
Explicó que el acoso puede analizarse desde la perspectiva laboral como una vulneración de la dignidad, la intimidad y el respeto debido al trabajador.
Puede leer: Policía mata a «Yamal» y «Julio 30-30», presuntos autores del asesinato de Dominique
“Podríamos preguntarnos si una depresión o una enfermedad derivada de un acto psicológico puede tener nexo causal con el trabajo y, por tanto, ser considerada accidente laboral. Toda empresa debe realizar evaluaciones de riesgos psicosociales y aplicarlas de manera efectiva”, señaló.
La jurista insistió en que los protocolos deben tener carácter preventivo y activarse antes de que se produzca el daño.
“El objetivo es que las empresas implementen protocolos de acoso con participación de los representantes de los trabajadores, para que, ante una posible situación de riesgo psicosocial, se activen medidas inmediatas”, agregó.
Consideró que los legisladores deberían avanzar hacia la obligatoriedad de estos protocolos, no solo como mecanismo reactivo, sino también preventivo.
Salud mental
Por su parte, la magistrada Vanessa Acosta, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia y subcoordinadora de la Comisión de Igualdad de Género del Poder Judicial, afirmó que la salud mental constituye una urgencia jurídica, social y humana.
Indicó que las presiones internas, las relaciones jerárquicas disfuncionales y los entornos laborales no saludables agravan la problemática.
Recordó que el Poder Judicial aprobó el 25 de noviembre de 2022 un protocolo interno para prevenir y abordar situaciones de acoso, al reconocer que ninguna institución está exenta de estos riesgos.
“La violencia en el trabajo no distingue sectores. Como garante de derechos, el Poder Judicial tiene la responsabilidad de predicar con el ejemplo”, sostuvo.
Advirtió que un trabajador abusado o discriminado no solo ve afectadas su dignidad y salud mental, sino también la productividad, el clima laboral y la calidad del servicio que se ofrece a la ciudadanía.
En la actividad también participó el juez Everts, de la Segunda Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, quien abordó la tensión entre los derechos laborales y la protección de la salud mental en el trabajo.
