El Nacional
El jefe de la Policía aclaró hoy que no acusó a miembros del Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo) de estar encapuchados y agredir a tiros a agentes de esta institución, sino que fueron los detenidos quienes señalaron que un dirigente de esa agrupación les pagó 15 mil pesos a cada uno para realizar desórdenes en la huelga realizada en Salcedo los días 24 y 25 de marzo.

El mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín precisó que los arrestados Ramón Thomas Ramírez Hernández, de 25 años; Nelson Núñez Caba Polanco (Culumpún), de 20, y Juan Alberto Morillo (Anthony) admitieron los hechos y acusaron a Camilo Ortega de suministrarles armas y dinero.

La Policía Nacional no acusa a miembros del Falpo de estar encapuchados y agredir a tiros, sino que fueron los propios arrestados quienes admitieron los hechos y señalaron a un dirigente de de esa agrupación como la persona que les pagó para realizar desorden en el marco de la huelga, precisó el jefe policial.

Guzmán Fermín dijo también que asignó protección policial a la periodista Milagros Acosta, del Listín Diario en la provincia Hermanas Mirabal, quien denunció estar recibiendo presiones y amenazas por parte de los organizadores de la protesta en Salcedo.

Precisó que le asignó la seguridad a la comunicadora tan pronto me enteré de la situación, al tiempo de argumentar que la Policía garantiza la libertad de expresión y prensa en la República Dominicana, que según dijo ha costado muchos sacrificios.

El dirigente del Falpo Camilo Ortega negó la versión de Guzmán Fermín sobre la supuesta entrega de armas y dinero a Ramírez Hernández, Núñez Caba Polanco y Morillo, y afirmó que eso es un montaje del jefe de la Policía, que tiene como propósito justificar la represión de los grupos populares.

En tanto, el pasado jueves el tribunal del Primer Juzgado de la Instrucción de Salcedo dictó tres meses de prisión preventiva a tres de los cuatro detenidos por la Policía e impuso una garantía económica de 20 mil pesos a Jhovanny Valentín Díaz Jiménez (Martincito).

Los tres sentenciados fueron enviados a cumplir prisión a la cárcel de Salcedo, mientras que al joven que se le impuso la garantía económica recuperó su libertad luego que sus familiares pagaran el monto exigido.