Amnistía Internacional no encuentra otra salida a la crisis haitiana como no sea que República Dominicana se haga cargo de los nacionales de ese país que emigran a esta parte de la isla para mejorar sus condiciones de vida.

Para picarles el amor propio a los dominicanos, la entidad acusa al Gobierno de ejecutar una política migratoria racista.

La organización, que no ha tenido la menor consideración con los dominicanos, solicitó al presidente Luis Abinader que en su segundo mandato priorice el respeto a los derechos humanos y ponga fin a “políticas migratorias racistas, que afectan principalmente a los haitianos”.

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La entidad no ve la inestimable solidaridad del Gobierno con los inmigrantes haitianos, a quienes no les niega el derecho a la salud y a la educación, sin tomar en cuenta el estatus migratorio.

Los desafueros que se han cometido en las redadas y repatriaciones no son parte de una política oficial, sino casos aislados, que por lo regular se investigan y castigan.

El Gobierno dominicano ha motorizado campañas para que la comunidad internacional se involucre más en la solución de los problemas que llevan a los haitianos a huir de su país.

Pero por más que Amnistía Internacional presione, el mandatario dominicano debe estar decidido a no ceder ni un ápice en su política migratoria, que por demás se ejecuta con respeto a los derechos humanos. Y en esa posición cuenta con el respaldo de amplios sectores nacionales.