Manuel Jiménez, candidato a alcalde por Santo Domingo Este, denunció que a ese municipio fue enviado el coronel Saturnino de León, de trayectoria represiva, para incidentar los comicios de este domingo. Y que tanto el ministro de las Fuerzas Armadas, Rubén Darío Paulino Sem, como el director de la Policía, Ney Aldrín Bautista Almonte, acudieron dos días consecutivos a dar instrucciones al oficial.
La denuncia fue dirigida a instituciones y personalidades, entre las cuales está, lógicamente, la Junta Central Electoral. El doctor Julio César Castaños Guzmán ni siquiera tuvo la cortesía de dar respuesta a una denuncia tan preocupante.
Castaños Guzmán ha sido permisivo con los candidatos del PLD. El mismo Manuel Jiménez, días atrás, le llevó pruebas de que Luis Alberto Tejeda, candidato a alcalde de ese mismo municipio por el PLD, estaba asfaltando calles de esa localidad con maquinarias estatales repletas de propagandas suyas.
Jiménez también entregó pruebas a la JCE de alquileres de casas en las proximidades de la Escuela Japón, con la finalidad de comprar cédulas y votos de las personas que acudan a sufragar a ese recinto electoral. ¿Y qué ha hecho la JCE?
La JCE no ha hecho nada, a pesar de que se trata de delitos electorales, lo que evidencia debilidad, complacencia y hasta parcialización del órgano que está supuesto a arbitrar el proceso.
Pero Manuel Jiménez, puntero en todas las encuestas, no se duerme. Ha designado 153 abogados en igual número de recintos y, además, está presto a enfrentar, en el escenario que sea, cualquier irregularidad o que pueda empañar un proceso que debería desenvolverse dentro de un ambiente de civismo.
