Cuando en noviembre del 2003 se iniciaron las negociaciones con miras a la firma del CAFTA, la República Dominicana vivía en medio de fuertes turbulencias financieras y bancarias que desestabilizaron la macroeconomía.

¿Cómo olvidar que durante los aciagos años del 2003 y 2004 la tasa de inflación se situó en 51,8 por ciento? Téngase en cuenta que la inflación refleja los precios de los bienes y servicios que demandan los consumidores.

¿Quién puede borrar los tormentosos momentos de incertidumbre presupuestal que vivió la familia y los sectores empresariales ante la devaluación del peso dominicano?

Se vivía al borde de la insostenibilidad fiscal, con un desbordamiento de la deuda pública y un excesivo nivel de gasto público.

Téngase en cuenta que desde la década de los ochenta en la subregión centroamericana y caribeña el discurso del libre comercio fue el norte de las ejecutorias programáticas de los organismos crediticios internacionales, dejando de lado las notorias asimetrías (desigualdades) económicas respecto de Estados Unidos.

Porque lo cierto es que no existe una relación directamente proporcional entre el grado de apertura comercial de una economía y la obtención de sus niveles de crecimiento económico ni mucho menos de desarrollo económico, que implica la reducción de la pobreza.

Se vivían los tiempos del llamado Consenso de Washington y de la ofensiva ideológica neoliberal, de la promoción de importaciones de reformas macroeconómicas auspiciadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), entre otros.

El Consenso de Washington surgió en un contexto histórico signado por los efectos de una crisis financiera desatada a partir de 1982, unido a un reforzamiento de la Guerra Fría y a la supremacía de la economía militar sobre la civil en Estados Unidos y su proyección internacional. Eran los tiempos del presidente Ronald Reagan.

John Williamson explicó los planteamientos de política económica que Washington deseaba implementar en la región, a manera de plan piloto.

Era el culto a las fuerzas sacrosantas del mercado, la apertura comercial unilateral, la desregulación, la automarginación del Estado en las determinaciones de políticas económicas para que su influencia pasase a ser asumida por los intereses privados.

Fue en ese contexto que la República Dominicana importó la receta del Consenso de Washington e introdujo la primera ola de reformas macroeconómicas. En efecto, a partir del 1992 la economía dominicana inicia un acentuado proceso de aperturismo comercial unilateral.

Pero fue a partir del 2003 que el gobierno dominicano decide concretizar su incorporación dentro de un acuerdo de libre comercio con Centroamérica y Estados Unidos: el CAFTA.