Sin la anuencia del presidente Leonel Fernández, y sobre todo mediando un acuerdo de éste con el sector empresarial, no es verdad que la Dirección General de Aduanas se iba a atribuir la facultad de aplicar vía administrativa el cobro anticipado a las importaciones de materias primas. La decisión puede ser una estrategia del Gobierno para subsanar la violación del artículo 20 de la ley de competitividad e innovación industrial con un proyecto al Congreso. La pieza sería la misma, por supuesto, que el mandatario haya acordado dejar sin efecto durante un encuentro que el sector empresarial calificó de auspicioso. Pero el asunto no se reduce únicamente al carácter ilegal de una medida con la que el Gobierno espera recaudar entre 1,800 y 2,000 millones de pesos en lo que resta del año, sino en el impacto negativo que tendrá en la economía. Con el control que ejerce en el Congreso el proyecto que había anunciado el ministro de Hacienda, Vicente Bengoa, no tendría ningún obstáculo en ser declarado de urgencia. Pero se ha querido maniobrar.
El Nacional
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