Santo Domingo.-El Partido Revolucionario Moderno (PRM) afirmó este jueves que constituye “un peligroso desafío a la institucionalidad electoral” que el delegado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ante la Junta Central Electoral (JCE) y la directora del Plan de Asistencia Social de la Presidencia, Iris Guaba, insistan “en desconocer la Ley del Régimen Electoral y el mandato constitucional que ordena a la JCE organizar elecciones libres, justas y trasparentes”.

En una rueda de prensa encabezada por su presidente, José Ignacio Paliza y otros dirigentes, el PRM dice que «Permitirse el uso de las mercancías, equipos y materiales del Plan Social de la Presidencia en el proceso electoral, colocaría al partido de gobierno en situación de ventajismo frente a los demás partido que acudirán a las elecciones municipales de febrero y las congresuales y presidencial de mayo».

«La distribución de grandes cantidades de bienes por parte de las autoridades gubernamentales, a diez días de las elecciones municipales y a 111 de los comicios presidenciales y congresionales, supone un desequilibrio favorable a los candidatos del partido oficial», subrayó Paliza.

Puntualizó que tales acciones son parte de un repertorio de conductas desesperadas frente al resultado electoral adverso que tendrán para las elecciones municipales de febrero y las presidenciales y legislativas de mayo.

“El pueblo dominicano debe conocer que miles de raciones de alimentos, compradas con el dinero de todos, se están entregando a dirigentes de los organismos intermedios y a toda la estructura política del partido oficial», indicó.

“La institucionalidad democrática tiene como requisito indispensable la competitividad equilibrada entre el partido oficial y los partidos de oposición, para garantizar la posibilidad de la alternabilidad democrática.
Como principal organización de oposición el PRM está en la obligación de exigir al gobierno una rectificación de este comportamiento poco democrático y a la Junta Central Electoral cumplir con las facultades que el orden jurídico le otorga”, precisó.

El PRM presentó ante la JCE una solicitud de medida cautelar para la suspensión de compras y contrataciones públicas que llaman ilícitas y el presidente de la Junta, Julio César Castaños Guzmán, solicitó al gobierno del PLD suspender de “motu proprio” tal ilegalidad.

El PRM considera que la JCE no solo debe limitarse a sugerir, sino que está en la obligación de restablecer la autoridad que le otorga la Constitución de la República a través de una decisión que prohíba la distribución de bienes con fines electorales.

“En nuestro partido, defendemos la dignidad de la persona, auspiciamos el bien común y promovemos la solidaridad con los que menos tienen, pero nunca permitiremos que organización política alguna se aproveche de ellos para manipular su voluntad. Como organización defensora de la institucionalidad, el PRM espera que los actores involucrados actúen con responsabilidad para que tengamos una campaña electoral equilibrada, y apegada a la ley”, expuso Paliza.

El delegado político del PRM ante la JCE, Orlando Jorge Mera y el equipo jurídico elevaron el miércoles una instancia ante el órgano citando el artículo 196, párrafo IV, de la Ley 15-19 del Régimen Electoral el cual establece: “Está prohibido durante los cuarenta (40) días anteriores a la fecha fijada para la celebración de los comicios municipales y sesenta (60) días anteriores a la fecha fijada para la celebración de los comicios presidenciales y congresionales, la realización de actos inaugurales de obras públicas por el gobierno central y las alcandías. Asimismo, el gobierno central, las entidades públicas descentralizadas y las alcaldías, se abstendrán de realizar programas de apoyo social o comunitario extraordinarios”.

Sin embargo, en su párrafo II la misma ley establece: “Se excluyen de esta prohibición los programas de asistencia social, ayuda comunitaria o de servicios públicos habituales que estén contemplados en la planificación regular del Estado los cuales podrán desarrollarse conforme dicha planificación. No podrán ser aumentados ni los beneficiarios ni los montos asignados a estos”.