Orlando Gomez
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Dentro del enfoque de renovación institucional del Estado que el Presidente Abinader desea revisar en el diálogo nacional, se encuentra establecer una Cámara de Cuentas independiente.
Dicha intención es positiva, pero podría no ser suficiente para atender las necesidades de un Estado moderno y con grandes aspiraciones de transparencia e institucionalidad, la independencia no basta por sí misma, por eso en esta ocasión propongo ir un paso más allá e invito a que repensemos a la Cámara de Cuentas.
El rol del Contralor General de la República debe pasar a ser la cabeza de la Cámara de Cuentas, ser designado por el Congreso y por períodos de 12 años inamovibles salvo incapacidad declarada o por destitución mediante un juicio político. La Cámara de Cuentas pasaría a ser un órgano del Congreso, con facultad de asesorar al Poder Ejecutivo en sus políticas de control interno.
Como órgano del Congreso, la Cámara de Cuentas tendría la obligación de reportar periódicamente sus hallazgos a este y atender los requerimientos de los legisladores, indistintamente de partidos, respecto al manejo, recomendaciones de mejores práctica e implementación de procesos dentro del Poder Ejecutivo, no sólo para atender un manejo más transparente de los fondos públicos sino para movilizar la eficiencia del sector público de manera general en sus procesos.
La Cámara de Cuentas debe convertirse en el asesor permanente del Congreso en materia de políticas públicas y en la evaluación de impacto de las normas que emanen tanto del Poder Legislativo como del Poder Ejecutivo.
Por supuesto, esta también debe tener su rol como el brazo fiscalizador del Congreso y dar sus recomendaciones tanto para acciones del Congreso o el Ministerio Público en los casos del uso indebido de fondos públicos o procesos fraudulentos ejecutados desde el Poder Ejecutivo, pero esta debe extender su rol a no ser meramente un organismo con una función de carácter reactivo, sino también asumir un rol preventivo.
En un rol de esa naturaleza necesariamente la Cámara de Cuentas también asumiría un contrapeso frente al Ministerio de Hacienda en la forma en que las estadísticas del gasto y las recaudaciones son reportadas y verificadas, pudiendo también servir como asesor de dicho Ministerio en la implementación de mejores prácticas en los controles y procesos inherentes a sus funciones.
Históricamente la Cámara de Cuentas se ha visto minimizada por la misma falta de carácter que a su rol constitucionalmente se le ha reconocido. Esto puede cambiar, pero no podemos asumir que por su mera “independencia” vamos a maximizar sus beneficios.
Hay ejemplos regionales de como el equivalente a nuestra Cámara de Cuentas, no solo ejerce una función fiscalizadora, sino que también funciona como el promotor de mejoras continuas tanto a nivel normativo, así como también en las políticas y procedimientos de la administración pública. Con ella podemos apuntar a cosas más grandes.
Por: Orlando Gómez orlando.gomez@gmail.com
